Según el gerente general de Uber, cerca de 40.000 conductores perderían su trabajo con la nueva Ley Uber. No obstante, se espera que la normativa ayude a bajar la cifra de delitos a través de las aplicaciones de transporte.
Cada vez falta menos para que entre en vigencia la Ley Uber (21.553), poniendo fin a más de una década en la que los conductores de esta y otras aplicaciones de transporte han estado funcionando sin una normativa legal.
Pero las exigencias que trae consigo esta nueva normativa no son del agrado de todos. Y es que muchas personas la han catalogado como excesivamente restrictiva. Según un reciente reportaje de Meganoticias, 3 de cada 4 conductores quedarán sin trabajo cuando entre en vigencia y es posible que suban las tarifas de los viajes.
No obstante, la incorporación de esta norma también trae beneficios tanto para los conductores como los pasajeros.
Este es el escenario que se espera en Chile, una vez que la Ley Uber sea publicada en el Diario Oficial.
El polémico panorama en Chile tras la implementación de la Ley Uber
Trabajar en Uber, Cabify, Didi u otra aplicación de transporte ha sido un alivio para un sinfín de chilenos y migrantes que no logran encontrar trabajo.
Según el mismo reportaje, en enero de 2024 alrededor de 105.000 conductores utilizaron este tipo de plataformas para recibir ingresos, y se estima que un 15% dedica una jornada completa de trabajo conduciendo.
No obstante, estas apps también tienen un lado oscuro. Existen personas que utilizan estas aplicaciones con otros fines: conductores compran cuentas falsas para delinquir, y pasajeros utilizan identificaciones falsas para intentar robar los autos.
Algo así le pasó a Antonia, una usuaria de Uber que buscaba un auto que la transportara a las 4 de la mañana. Por la hora, ningún conductor tomó el viaje, por lo que cerró la aplicación y se fue a dormir. Al día siguiente, se dio cuenta que alguien sí había aceptado y que fingió hacer toda la ruta y más.
La mujer tenía un cobro de $438.108 por un viaje que nunca realizó y que, además, infló en desmedida. “Se fue hasta el aeropuerto, estuvo dando vueltas por todo Santiago con el viaje, cobrando”, denunció. E intentar hablar con Uber para solucionar el problema fue un dolor de cabeza.
A estas experiencias, se le suman casos de asaltos, agresiones, abusos sexuales y secuestros.
“Lo que esta ley busca es justamente prevenir eso, a través de poder brindar la información adecuada e información cruzada entre el usuario, la empresa, el conductor. Y también esto es muy importante para dar mejor información para la autoridad. La mayor seguridad es un foco de ley”, aseguró el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz.
¿Qué cambiará con la nueva Ley Uber en Chile?
El primer cambio que implementará la Ley Uber es que los vehículos que sean utilizados para transportar pasajeros deben tener como mínimo una cilindrada de 1.4 litros. Es decir, modelos como los Suzuki Alto o Kia Morning quedarían fuera de norma.
La segunda exigencia es que el auto no puede tener más de 10 años de antigüedad. Esto significa que los conductores que quieran seguir trabajando, tendrán que invertir y renovar sus vehículos. Se estima que muchos quedarán fuera de juego.
Otro de los más polémicos cambios es que, contrario a lo que sucede hoy, se le exigirá a todos los conductores, sin falta, tener licencia clase A2, es decir, licencia profesional que indica que están capacitados para transportar pasajeros. Este permiso es el mismo que tienen los taxistas.
“Si es que la ley entra en vigencia hoy como está, 40.000 conductores al menos de la aplicación de Uber quedarán fuera inmediatamente porque no cumplirían con los requisitos. Creo que sería un problema muy grave de movilidad para las personas, porque hay zonas donde el transporte público no llega y las aplicaciones logran cubrir esa deficiencia”, aseguró a Meganoticias el gerente general de Uber, Federico Prada.
Algunos esperan que mientras menos conductores haya, más subirá la tarifa.
El Ministerio de Transportes envió en enero el reglamento de la nueva norma a la Contraloría. Se estima que estará listo en junio o julio, fecha en la que podría entrar en vigencia esta nueva ley.