La ahora exministra había advertido a un asesor de Presidencia sobre consecuencias políticas de la compraventa. Eso sí, no habían reparado en la ilegalidad.
Nuevos y reveladores antecedentes se conocieron sobre la polémica y fallida compra de la casa de Salvador Allende por parte del Estado. Involucran a un asesor de la Presidencia y a la propia exministra Marcela Sandoval.
Un reportaje de Ciper Chile reveló, luego de consultar con distintas fuentes de Gobierno, que equipos del Ministerio de Bienes Nacionales avisaron de inminentes consecuencias comunicacionales y políticas para La Moneda, en la compra de la casa del exPresidente, por cerca de 1.000 millones de pesos.
Funcionarios previeron que no se vería bien la compra de un inmueble en cuya propiedad participa la ministra de Defensa Maya Fernández y la senadora Isabel Allende (PS). Eso sí, según el reporte, no hubo advertencias sobre la inconstitucionalidad del trato.
La alerta habría surgido desde los equipos de Bienes Nacionales y fue la propia ministra de esta cartera, Marcela Sandoval, quien lo comunicó a un asesor de la Presidencia, antes que el Presidente Gabriel Boric firmase el decreto que autorizaba el contrato de compra venta.
Habrían avisado a un asesor de Presidencia
De acuerdo al citado medio, Sandoval primero se contactó vía telefónica con el asesor de Presidencia, Leonardo Moreno, que estaba a cargo del proyecto. Ante la advertencia, Moreno habría respondido que el problema sería comunicacional, que de eso se ocuparía Presidencia y que BBNN se dedicara a la parte técnica.
Luego, hubo una reunión formal entre los gabinetes de BBNN, de la Subsecretaría de Patrimonio y el mismo Moreno, donde reiteraron el aviso de posibles efectos políticos. El asesor habría entregado la misma respuesta.
Incluso, en Bienes Nacionales habrían elaborado una alternativa donde la familia Allende donara la casa por medio de otras vías legales. No se sabe si esa idea llegó a Presidencia.
Con todo, a fines de diciembre se firmó el contrato y estalló una polémica que terminó echando por tierra la compra, debido a su inconstitucionalidad. Gobierno reconoció un error, la ministra Sandoval fue removida del cargo y la Fiscalía inició una investigación.