Por este caso, que incluía la explotación sexual de menores de edad, se está buscando a los clientes a través de GPS.
Cuatro ciudadanos venezolanos, vinculados al Tren de Aragua, quedaron en prisión preventiva tras ser imputados por los delitos de homicidio calificado, tráfico de migrantes y trata de personas para explotación sexual.
El caso, que comenzó con las indagaciones por un homicidio, dio pie a la caída de una red de prostitución que utilizaba a niñas. Más aún, se constató que desde “las tres comunas” contrataban a estas menores explotadas y por eso la policía está buscando a los clientes a través de GPS.
Entre los imputados se encuentra un conductor de la aplicación de transporte Didi que fue señalado como pieza clave en el traslado y control de las víctimas, las cuales eran captadas bajo engaños y debían pagar $5 millones de pesos por su ingreso irregular al país.
Además, enfrentaban amenazas y violencia si no cumplían con los pagos exigidos semanalmente, por lo que también se les pedía realizar “prestaciones” adicionales con un valor más alto para los clientes.
Las torturas del tren
La investigación comenzó tras el asesinato de un integrante de la red, apuñalado 15 veces y quemado vivo por incumplir las reglas del grupo, al relacionarse con una de las mujeres captadas.
Antes del homicidio, y según consta en Radio Bíobío, las mujeres fueron torturadas para obtener información sobre la víctima y dicho acto quedó registrado en un audio clave para la indagatoria.
En tanto, el conductor de Didi, el único de los imputados con RUN chileno, utilizaba la aplicación para transportar a las mujeres y recolectar el dinero que luego enviaba a Venezuela.
Es en todo ese contexto que el Ministerio Público busca identificar a los clientes, utilizando la geolocalización de los teléfonos de las víctimas, en un esfuerza que está especialmente centrado en quienes contrataron a menores de edad. Además, se está tras la pista de otros miembros de la red que permanecen prófugos y están de forma irregular en el país.
En paralelo a todo esto, el Ministerio Público abrió una investigación tras un incidente de intimidación hacia uno de los fiscales del caso.
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