Ex directores del organismo acusan que medida traslada responsabilidad de la seguridad del Estado hacia particulares.
La Dirección del Trabajo decretó el cierre de una farmacia Salcobrand ubicada en la comuna de La Cisterna, luego de ser asaltada y determinar que hay riesgo inminente para los trabajadores.
La decisión se tomó luego que la semana pasada se registrara un turbazo en el lugar, y desde la Federación de Trabajadores de Farmacias acusaran a la empresa de no implementar las medidas de seguridad para los funcionarios, consignó La Tercera.
“La Dirección del Trabajo Regional Metropolitana Oriente instruyó una fiscalización donde constató que, en el lugar de trabajo los trabajadores estaban en peligro inminente debido a la acción delictual que se desarrolla en el entorno. Debido a que era imperioso asegurar la protección de la vida y la salud de los trabajadores (artículo 184 bis del Código del Trabajo), el equipo de fiscalización suspendió las labores del local y requirió al empleador que adoptara las medidas necesariasl”, explicó la DT.
“La causa de la suspensión es el riesgo grave e inminente para la vida o salud de los trabajadores. Además, se fiscalizó la documentación laboral, de higiene y seguridad y el protocolo de prevención de riesgos ante actos de vandalismo”, agregó el organismo.
Críticas a la decisión
Algunos ex directores del Trabajo cuestionaron la decisión del organismo, pues traslada la responsabilidad de la seguridad en los empleadores.
Mauricio Peñaloza, fue director entre 2018 a 2020, y afirma que no concuerda en absoluto con la decisión de la Dirección del Trabajo.
“El hecho de que haya robos o problemas de seguridad escapa de lo que está dentro de las obligaciones que tiene el empleador ya que es deber del estado a través de la fuerza pública el asegurar la seguridad de la población. Por lo tanto, discrepo absolutamente que la dirección del trabajo le traslade una responsabilidad así a los empleadores”, sostiene.
Una visión similar tiene la abogada Lilia Jerez, directora entre 2020 a 2022, agrega que este criterio podría afectar a todas las empresas que atienden público.
“Todas las empresas que atienden a público podrían ser suspendidas en su atención a público, ya que están expuestas a esos hechos de delincuencia. Se está traslado una responsabilidad que es del estado a una persona particular que es el empleador”, asegura.
Cabe consignar, que luego que la empresa implementara cambios en las medidas de seguridad, la sucursal fue nuevamente autorizada a funcionar.
