Con el fin de crear casas museos de expresidentes se dio pie a una transacción que involucra a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende.
Como “inconstitucional” está siendo tildada la adquisición de las casas de los expresidentes Salvador Allende y Patricio Aylwin por parte del Ministerio de Bienes Nacionale para crear casas museos en la memora de ambos mandatarios.
De acuerdo a La Tercera, la compra infringiría la ley 20.414 sobre transparencia, modernización del Estado y calidad de la política. que impide que ministros concreten contrados con el Estado. Y en el caso de la venta de la casa de Allende, una de las beneficiadas es la actual ministra de Defensa, Maya Fernández.
“Durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades”. Esto aplicaría para el caso de la ministra Fernández.
En La Tercera agregan que sus fuentes al interior de la administración Boric ya reconocerían el error, hablando de “autogol”, y plantean que ya existiría una coordinación para que la ministra Marcela Sandoval termine sus vacaciones y atienda esta nueva crisis en Bienes Nacionales.
La senadora Allende también está en la mira
Dentro del decreto de compra se lista que la casa de Allende también es propiedad de la senadora Isabel Allende Bussi, lo que a su vez infringe un artículo de la ley 20.414, el cual impide que parlamentarios hagan tratos con el Estado.
En ese escenario, la ministra vocero de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, aseguró a Radio Duna que: “tanto el Ministerio de Bienes Nacionales como el de las Culturas están haciendo todos los análisis legales para asegurarnos que esto se haga de la forma correcta, totalmente apegado a la ley y con la mayor transparencia posible”.
En ese contexto, mientras la UDI ya anticipó que irá al Tribunal Constitucional, aseguran que la Controlaría debe dar respuesta tras tomar razón del decreto firmado por Bienes Nacionales para ejecutar la compra, lo que podría generar problemas tanto a la ministra como a la senadora.
