Todo comenzó con una deuda millonaria de una magistrada y un fallo judicial que le retuvo el 99.8% del salario. El caso escaló hasta la Corte Suprema y ahora sumó una querella.
Una polémica judicial involucra a dos juezas de Chillán. Todo comenzó cuando la magistrado Milena Aedo ordenó que fuesen embargado el total de las remuneraciones de Claudia Montero, jueza de litigios. Dicha situación provocó que Montero solo recibiese un sueldo de $10 mil pesos a partir de abril de 2024.
Pero ahora Radio Biobío informó que la afectada contraatacó con una querella por el delito de prevaricación, asegurando que el embargo fue ilegal y arbitrario, afectando derechos fundamentales garantizados por la Constitución, e inclusive mermó “su derecho a la vida, integridad y propiedad”.
En ese escenario, acusan que la jueza Aedo tuvo un actuar contrario a derecho, “sin respetar la normativa vigente sobre protección a las remuneraciones”.
Cabe destacar que la orden de embargo se llevó a cabo por una denuncia presentada por Carmen Julien Sepúlveda, una prestamista que acusó que la jueza Montero recibió hace 10 años $45 millones que nunca devolvió. Aunque inicialmente recibió un fallo desfavorable, luego su demanda fue acogida por la Corte de Apelaciones, quienes ordenaron el pago millonario con intereses, reajustes y costas judiciales.
Por ello, el sueldo de Montero fue embargado para saldar la deuda.
Sin embargo, la jueza afectada acusó que existen elementos del sueldo que no pueden ser embargados, ya que tienen una naturaleza para cubrir las necesidades básicas, por lo que se infringió el Código Civil y el Código del Trabajo.
En ese escenario, la jueza Aedo rechazó las apelaciones de la defensa de Montero, planteando que las asignaciones sí eran embargables, lo que llevó el caso hasta la Corte Suprema.
Y fue ahí en donde finalmente se determinó que la retención si era arbitraria e ilegal. Con eso, se terminó que a la jueza Montero se le retendrá el 50% del sueldo y se le devolverán los fondos que inicialmente se le retuvieron en exceso en abril de 2024.
Pero en la nueva querella, la jueza Montero reclama que no se le han devuelto los dineros que se le cobraron en exceso, impulsando una nueva arista en el enfrentamiento judicial entre ambas magistradas.