Congreso aprobó Ley de Protección de Datos Personales que eliminará el spam telefónico

Llamadas spam. Imagen de referencia.

La ley obtuvo luz verde el lunes 26 de agosto, con 66 votos a favor, 22 en contra y 36 abstenciones.

El lunes 26 de agosto, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto de Protección de Datos Personales. En total, fue aprobada con 66 votos a favor, 22 en contra y 36 abstenciones.

Esta ley regulará cómo debe ser el tratamiento y la protección de información personal de las personas: nombres, domicilios, geolocalización, correo electrónico, datos biométricos y número de teléfono.

Por este motivo se limitarían las llamadas spam, mediante las cuales por ejemplo, se insiste a las personas para contratar productos o servicios de una compañía telefónica, pese a que el usuario pertenezca a una diferente.

Ahora las personas tendrán derecho al acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo de sus datos personales, informo BioBioChile.

Además, la normativa establece que solo se pueden usar estos datos cuando las personas den su consentimiento para ello, salvo en casos de contratos o para dar cumplimiento a una obligación legal.

El congreso aprobó Ley de Protección de Datos Personales que eliminará el spam telefónico

¿Cuáles son las multas por infringir la ley?

Según el mencionado medio, se creará la Agencia de Protección de Datos Personales, un organismo autónomo de derecho público, con su propio patrimonio y personalidad jurídica.

Este organismo deberá fiscalizar el cumplimiento de la ley. Si esta se transgrede, se podrá aplicar sanciones ante infracciones leves, graves y gravísimas, que incluyen multas de hasta 5.000 UTM ($329.505.000), 10.000 UTM ($659.010.000) y 20.000 UTM ($1.318.020.000), respectivamente.

La regulación se aplicará en el manejo de datos personales en territorio nacional, así como también para quienes busquen usarlos fuera de suelo chileno.

Si bien, la ley se aprobó este lunes, entrará en vigencia en 24 meses. Cabe destacar que la iniciativa nació a partir de la integración de dos mociones similares ingresadas en 2017, una presentada por la expresidenta Michelle Bachelet y otra por un grupo de senadores.

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