Cabo y sargento fueron hallados sin vida tras ser baleados hace 10 años. Un día antes del asesinato, en una íntima charla con su esposa, uno de los funcionarios entregó una información que pudo ser clave.
La madrugada del 22 de enero de 2015, hace poco más de 10 años, ocurrió un doble homicidio que remeció a Chile, pero que, hasta la fecha, sigue sin verdad ni justicia.
Se trata del asesinato de dos funcionarios de Carabineros que realizaban un patrullaje fronterizo en el norte del país. Al no recibir reporte de la ubicación de los uniformados en el retén Tacora, en la Región de Arica y Parinacota, la institución policial montó un operativo esa misma mañana, encontrando al cabo primero Víctor Godoy Pinto (29) a un costado del vehículo institucional en que se movilizaba y con un impacto de bala en el abdomen; y más tarde, a 1 kilómetro de ese sitio, al sargento primero Germán Cid Conejeros (44) con una herida de bala en la clavícula.
Cae el autor “confeso”
En diciembre de 2015, la policía boliviana entregó al supuesto autor “confeso” del doble homicidio.
Según las autoridades altiplánicas, Juan Carlos Quispe Chacolla, de apenas 22 años, habría reconocido los asesinatos en presencia de terceros.
Así las cosas, el sujeto fue entregado en la tenencia (chilena) de Visviri, desde donde fue trasladado hasta el hospital regional de Arica. A 11 meses de los crímenes, la justicia parecía estar a la vuelta de la esquina.
Absuelto
En abril de 2018, se confirmó que la falta de pruebas contundentes para acusarlo de las muertes de los carabineros significó la absolución del exconscripto del Ejército de Bolivia.
De esta manera y pese a las indagaciones realizadas por el Ministerio Público en Chile, Perú y Bolivia, el crimen de ambos policías quedó sin esclarecerse. Las pruebas no pudieron sustentar la acusación por el delito de maltrato de obra a carabineros en servicio con resultado de muerte.
El defensor público del extranjero, Sergio Zenteno, explicó que “no se encontraran pruebas contundentes que vincularan a nuestro defendido con el sitio del suceso, donde ocurrieron las dos muertes de los carabineros”.
De paso, sostuvo que Quispe no tuvo participación en el delito ya que el 22 de enero de 2015 “se encontraba haciendo su servicio militar para el Regimiento Max Toledo de La Paz. Es más, él había sido notificado para integrar una misión de corte de hoja de coca en el poblado de Canaviri, dentro del plan contra el narcotráfico que lleva a cabo Bolivia y estaba haciendo su entrenamiento en ese momento. A estas tareas sólo son convocados los 10 mejores militares de cada destacamento”.
Otro hecho que pesó en la convicción del tribunal, fue que nunca se encontraron registros de ADN que vincularan a Quispe con los carabineros el día del baleo. Es más, durante los peritajes policiales fueron hallados rastros biológicos de una persona aún no identificada.
Asimismo, la Defensoría indicó que pesó ante el tribunal que las dos declaraciones donde se autoinculpó ante Carabineros, no fueron contundentes, ya que presentaban incoherencias en antecedentes como el tipo de arma utilizada y su calibre y el sitio donde él aseguró haber hecho los disparos.
En este punto, el organismo reveló que su entrega a la policía chilena fue luego de una detención que efectuaron comuneros bolivianos que intentaban quemarlo en la vía pública por el robo de especies en Charaña. Allí, desesperado, el sujeto dijo ser el autor del doble homicidio que aparecía en todos los medios de comunicación, lo que evitó su linchamiento y significó su entrega a Carabineros.
Arista desconocida
Alejandro Cid, hermano del sargento primero Germán Cid, explicó a La Cuarta que “la investigación se estancó hace por lo menos unos cuatro años. No hay ningún tipo de diligencia, nosotros sentimos que el caso va a morir ahí, va a prescribir, sin ningún tipo de interés en que se resuelva”.
“Yo creo la responsabilidad recae en el Poder Judicial, pero hay una gobernanza que tiene que venir desde los gobiernos, que tienen que apurar este tipo de casos. Si uno se pone a investigar la cantidad de casos de mártires que han sido cerrados o que las investigaciones continúan sin ningún tipo de resultados, son muchos”, lamentó.
En la misma línea, sostuvo que como familia “sentimos que hay impunidad y los gobiernos han sido indolentes”.
“El caso de Quispe estuvo lleno de contradicciones, nunca hubo pruebas concretas, entonces finalmente es una vuelta que como familia entendemos que es simplemente por cumplir, un tema legal, pero no hay un interés real de que el caso se aclare”, complementó.
Además, Alejandro dio a conocer una arista desconocida del caso y que, perfectamente, podría explicar lo sucedido en la frontera hace 10 años.
“Mi cuñada me comentó que, un día antes de que pasara este incidente, mi hermano le comentó que él iba a una casa con el alcalde de Arica de aquel tiempo, porque habían recibido una denuncia de una señora que acusaba una usurpación de su casa por parte de unas personas, que entiendo eran delincuentes”, indicó.
Según Cid, su hermano carabinero “fue a hacer la advertencia de que desalojaran esa casa. Ella me dice que el acalde tiene que conocer a estas personas. Al día siguiente, en uno de estos recorridos, mi hermano pasó a esta casa y habría tenido un enfrentamiento. Ella no sabe por qué no se llegó a investigar esta arista”.
Finalmente, Alejandro recordó que Germán Cid Conejeros era un carabinero de frontera, padre de dos hijas que, en aquel tiempo, tenían 10 y 11 años, pero que actualmente estudian en la universidad.
“Hay un tema que nos tiene descontentos, porque a mi cuñada le quedaba la pensión y a ellas (por sus sobrinas) les prometieron beca para estudiar en la universidad, pero mi cuñada dice que hace más de medio año que no le están cancelando. El año 2023 tampoco le pagaron y después le hicieron un reembolso a duras penas. La citaron para ver qué pasaba con su caso, porque al parecer hay muchas viudas de carabineros a las que no le están pagando estas becas, y están súper complicadas porque no tiene respuesta por parte de Carabineros”, sentenció.
Temas Relacionados
