Familia de Julia Chuñil apuntó que existen motivos económicos y políticos tras su desaparición

“No hemos sabido nada más de mi mamá; cada día nos preguntamos dónde está, qué le hicieron”, enfatizó uno de sus hijos en entrevista con reconocido medio internacional.

Son más de 100 días desde la desaparición de Julia Chuñil sin mayor avance en la investigación, aunque la familia de la dirigente aún mantiene la esperanza de encontrarla con vida.

Chuñil, de 72 años, se le perdió el rastro el 8 de noviembre de 2024 en Máfil, región de Los Ríos, tras ir en busca de su ganado en un terreno que se encuentra en disputa entre un empresario agrícola y la comunidad Putreguel, a la cual pertenecía.

“No hemos sabido nada más de mi mamá, cada día nos preguntamos dónde está, qué le hicieron, pero tenemos esperanza”, señaló Pablo San Martín Chuñil, el mayor de sus cinco hijos, a EFE, acerca de lo que viven como familia, aunque creen que podrían hallarla con vida.

Según la teoría de los familiares, a la mujer la sacaron del campo y todo esto es producto de “razones económicas y políticas, porque ambas van de la mano”, explicó.

Según informó Radio Bío Bío, la familia denunció que, antes de la desaparición de la presidenta de la Comunidad Mapuche Putreguel, sufrió intentos de atropello y amedrentamientos, ataques presuntamente realizados por el empresario Juan Carlos Morstadt Anwandter, a quien indican como responsable, ya que tendría intereses en el terreno en disputa. Otro detalle es que, en el lugar donde se piensa que desapareció, había huellas de vehículos.

Julia presidía desde 2014 la Comunidad Indígena de Putreguel, con objetivos como la reivindicación de tierras y la lucha contra la deforestación provocada por las compañías que operan en su sector.

Como dato, en nuestro país durante 2023 se registraron 20 amenazas a medioambientalistas, de las cuales el 65 % fueron dirigidas a mujeres, según la Fundación Escazú Ahora. Con este triste acontecimiento, Julia Chuñil sería la primera ecologista desaparecida desde que Chile ratificó en 2022 el Acuerdo de Escazú, el cual busca proteger a activistas por el medioambiente.

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