El fiscal regional de Aysén es investigado por el Ministerio Público por una presunta violación de secreto relacionada con el decomiso de 20 kilos de cocaína que involucraba a un ingeniero defendido por el buffet al que pertenece el abogado investigado por el denominado Caso Audios.
En medio de la formalización del “Caso Audios”, ahora se ha dado a conocer que el fiscal Carlos Palma, actual fiscal regional de Aysén, está bajo investigación del Ministerio Público por presunta violación de secreto.
Lo anterior se debe a la filtración de un audio en el que habría entregado información confidencial al abogado Luis Hermosilla.
Según informó T13, Palma está siendo investigado por presuntamente compartir detalles sobre una investigación vinculada al tráfico de drogas, conocida como el caso “Viejos Arrayanes”.
Dicha investigación implicó el decomiso de más de 20 kilos de cocaína, valorados en $350 millones, que involucraba al ingeniero Ignacio Yáñez, cliente del buffet de abogados de Hermosilla.
La investigación podría agravar la situación de Palma, quien ya había sido foco de atención luego de la incautación de su celular en julio, en el marco de una causa por presunto soborno.
Además, revelan que el abogado Juan Urrutia, defensor de Yáñez y parte del buffet en cuestión, sería el nexo entre Hermosilla y Palma.
Una administración administrativa que podría llevar a una suspensión
En ese escenario, el fiscal nacional Ángel Valencia explicó en Mesa Central de T13 que: “la acusación es que se mandó un WhatsApp con antecedentes de una causa por narcotráfico, así que podría implicar responsabilidades tanto administrativas como penales”.
Según explicó el fiscal Valencia, una investigación administrativa por responsabilidad disciplinaria tiene unas lógicas a una investigación penal, ya que “la indagatoria se lleva internamente, es reservada y se persiguen responsabilidades que no son necesariamente penales”.
En ese ámbito podrían existir sanciones disciplinarias por incumplimientos éticos.
“Conforme a nuestra legislación, en un caso como este, una investigación disciplinaria suele ser llevada adelante por un fiscal regional, que tiene atribuciones para tomar decisiones tales como una suspensión de funciones. En una investigación disciplinaria sí se le podría suspender sin necesidad de una querella de capítulo”, remarcó el fiscal nacional.
