El error fue calificado como “peligroso” por el DEMRE. Autoridades iniciaron una investigación contra la universidad.
Un nuevo escándalo pone en la palestra a la Universidad San Sebastián, ahora relacionado a la PAES. Detectaronn que la institución permitió a cualquier persona acceder a los puntajes de cualquier postulante a través de internet.
Fue la mañana del lunes, cuando todos los jóvenes que dieron la prueba ya podían conocer sus puntajes, cuando el Demre, organismo a cargo del proceso, detectó que una institución estaba vulnerando el estricto protocolo para proteger la privacidad de los datos de los estudiantes.
Según supo La Tercera, se trataba de un sitio web de la Universidad San Sebastián, donde ofrecía simular postulaciones, que estaba entregando los puntajes a cualquiera que ingresara el RUT o solo un nombre o apellido, sin clave de acceso, como se estableció desde un inicio.
Es más, era tal la falta de restricción que al poner cualquier palabra en el buscador, el sistema permitía avanzar. Esta situación se mantuvo por alrededor de tres horas.
Advierten que lo ocurrido es “peligroso”
La directora del Demre, Leonor Varas, calificó esta situación como “grave” por vunerar la privacidad de las personas y porque trabajaron durante todo el año con las distintas instituciones precisamente para proteger los datos.
Advirtió que el problema es que “otras personas hayan visto puntajes que no son los propios” y aunque no ve que la universidad haya querido sacar algún beneficio con esto, alertó que “es negligencia, es laxitud. No se puede seguir tolerando, es peligroso”.
El Demre presentó formalmente los antecedentes ante la Subsecretaría y la Superintendencia de Educación Superior. Este último organismo ya ofició a la Rectoría para explicar lo ocurrido en un plazo no superior a cinco días.
A través de un comunicado, la U. San Sebastián aseguró está realizando una investigación interna “y una vez concluida, tomará las medidas correspondientes”. Aseguró, de todas maneras, que sus políticas están “alineadas” con la ley sobre protección de la vida privada.
Se trataría de la segunda investigación que pone en cuestionamiento a esta misma casa de estudios, luego del escándalo por el sueldo de $17 millones que recibía Marcela Cubillos.
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