El año pasado, una exfuncionaria de Presidencia demandó por vulneración de derechos fundamentales al gobierno.
En 2023, mucho antes de la denuncia contra Manuel Monsalve, en La Moneda ya se había registrado un caso de índole sexual.
Se trata del acoso sufrido por una mujer de iniciales C.G.I, quien además demandó al gobierno por vulneración de derechos fundamentales tras ser desvinculada y sufrir “discriminación política” por no haber sido fichada por la actual administración del Presidente Gabriel Boric.
Según reveló La Tercera, el caso terminó en un millonario acuerdo económico para que la afectada no siguiera adelante con la acusación.
¿Qué denunciaba?
En su demanda, la mujer sostuvo que trabajó 13 años en Palacio y que llegó en marzo de 2010, en la primera administración de Sebastián Piñera.
“Cabe destacar que durante los 13 años en que trabajé en el Palacio de La Moneda, siempre cumplí horarios, seguí instrucciones, órdenes y encargos, y entregué reportes a la jefatura correspondiente, la que, a su turno, anualmente aprobaba mis vacaciones y días administrativos, como todo funcionario público”, contextualizó la demandante en su acción judicial.
La mujer relató que “inspirada por mi hijo quien tiene Síndrome de Down, asumí el desafío de intentar conseguir accesibilidad universal en el Palacio de La Moneda, proyecto que fue altamente valorado por mi jefatura, desde donde recibí instrucciones de trabajar en el marco legal del proyecto rápidamente. Sin embargo, prontamente mi jefatura me manifestaría que ya no estaba interesada en el proyecto de accesibilidad universal, y que le molestaba que le insistiera”. A la larga, fue despedida.
En relación al acoso sexual, C.G.I. apuntó a un compañero de trabajo.
“Dentro del departamento en el que me desempeñaba, trabaja también Francisco Cofré, quien rápidamente desarrolló confianzas con la jefatura, al punto de ser conocido como ‘el regalón’ de Paz Moreno (su jefa). Esto se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que doña Paz Moreno incluso lo presentó al Presidente Boric como ‘la persona más estudiosa y aplicada dentro del Departamento’”, dijo la demandante ante la justicia.
Luego, denunció que “en este periodo, Francisco Cofré me envió reiterados y agresivos mensajes de carácter sexual, donde incluso me amenazaba, señalando que si no tenía relaciones sexuales con él, se iba a suicidar. En algunos de aquellos mensajes incluso nombra a doña Paz Moreno señalando que si no accedo a sus exigencias hablaría con ella, agregando la frase ‘veremos quién de los dos pesa más’”.
Por si fuera poco, C.G.I. describió un episodio de agresión directa por parte del denunciado: “Francisco Cofré me condujo a la sala N° 100 del Palacio de la Moneda, y una vez dentro me manifestó enérgica y reiterativamente que si no accedía a sostener relaciones sexuales con él se iba a matar. Ante esta situación intenté huir, pero fui firmemente sujeta del brazo por Francisco. Tan solo pidiéndole que se calmara, y argumentando que si doña Paz Moreno lo veía en ese estado de exaltación, quien sufriría las consecuencias sería yo, es que Francisco Cofré recuperó la compostura, coincidiendo conmigo en que efectivamente esta situación produciría consecuencias desfavorables principalmente para mí”.
Millonario acuerdo
Por lo mismo, pidió a la justicia intervenir “ante la gravísima situación de acoso sexual de que fui víctima, lejos de ser protegida por mi jefatura, ésta invisibilizó el problema, y se me traspasó la carga de tomar decisiones respecto de mi agresor, quien era conocido como ‘el regalón’ de doña Paz Moreno. En efecto, en lugar de disponer una investigación en contra de Cofré o trasladarlo a otra área, mi jefatura decidió que recaería en mí la decisión respecto de si admitía o no la presencia de mi agresor a las reuniones del Departamento, lo que por supuesto me colocó en la incómoda posición de tener que admitirlo, habida consideración de que se trataba del ‘regalón’ de mi jefatura, todo bajo el pretexto de que la suscrita contaría con ‘muchas más herramientas para superar este problema’. Lo cierto es que esperaba que mi jefatura me protegiera, hecho que no ocurrió”.
Finalmente, el Ejecutivo, representado por el CDE, logró un acuerdo con la mujer: el pago de más de $40 millones del fisco.
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