“Desde que murió mi madre y yo heredé lo que le correspondía a ella, con mi hermano, jamás he recibido un peso por esta casa”, aseguró la ministra.
La ministra de Defensa, Maya Fernández, se refirió por primera vez de manera pública al escándalo tras el fallido intento del Gobierno de comprar la casa del ex presidente Salvador Allende (abuelo de la secretaria de Estado), y donde la ex diputada figura como una de las actuales propietarias.
La casa iba ser comprada por el Ministerio de Bienes Nacionales por cerca de $1.000 millones, con la idea de convertirlo en un museo, pero tras conocerse de la iniciativa, el Ejecutivo desestimó la operación, pues ministros no pueden realizar negocios con el Estado.
Según consigna BioBioChile.cl, Fernández sostuvo que desconoció el proceso, pues eso fue llevado adelante por su abogado y que jamás ha recibido un traspaso de dinero por la casa.
“Nunca ha habido traspaso de recursos, eso no ocurrió. Y de manera personal quisiera decir que yo jamás, desde que murió mi madre y yo heredé lo que le correspondía a ella, con mi hermano, jamás he recibido un peso por esta casa”, sostuvo Fernández.
“siendo ministra de Defensa, yo no podía estar involucrada en el proceso y, por tanto, por eso se hace un patrocinio, un mandato a un abogado, que es quien llevó adelante todo el procedimiento que tenía que ver con aspectos técnicos o con cosas propias de la casa (...) Nunca participé en reuniones, porque no corresponde, como tampoco estuvo involucrado el equipo de Defensa, porque no corresponde”, agregó.
Destitución o acusación constitucional
La fallida compra tiene en el ojo del huracán a Maya Fernández y su tía, la senadora Isabel Allende, quien también aparece como una de las propietarias de la casa, esto porque la norma que prohíbe a ministros, también se extiende a parlamentarios.
En este caso, se sanciona con la destitución o cesación del cargo a la autoridad que realice este tipo de operaciones con el Estado, por lo que en la oposición no descartan ir al Tribunal Constitucional o presentar una acusación constitucional.
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