Por irse a Italia y trabajar por Zoom: Fiscalía abrió causa penal contra jueza e hija del ministro Sergio Muñoz

Jueza Graciel Muñoz, cuestionada por teletrabajar desde Italia.

La jueza dirigía audiencias desde Europa en plena pandemia. Aprovechaba el teletrabajo, pero habría llegado muy lejos.

El Ministerio Público abrió una investigación penal en contra de la jueza del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, Graciel Muñoz Tapia, por posibles delitos en su cuestionado teletrabajo desde Italia.

Graciel es hija del minsitro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, viajó en reiteradas ocasiones a Italia y también a España desde el 2019, en medio de la pandemia de Covid-19. Pero no se trataba de vacaciones, al menos no oficiales, pues la magistrada aprovechó la opción de teletrabajo para dirigir audiencias desde Europa.

Así lo reveló un reportaje de Radio Bío Bío a mediados de 2023, lo cual dio paso a una investigación administrativa en su contra, de parte de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que terminó en una “amonestación privada”.

¿Cuál era el problema?

Si bien, debido a la pandemia, el Poder Judicial adoptó la modalidad de trabajo remoto, se acusó a la jueza de al menos tres anomalías: realizar su trabajo fuera de su jurisdicción, correspondiente a Santiago; no respetar las restricciones sanitarias de la época, con sus repetidos viajes; y lo que sería más grave, haber informado a tribunales un domicilio en Chile como lugar de teletrabajo.

De acuerdo a La Tercera, fue ese último punto el que motivó la sanción contra la jueza y que ahora también originó una denuncia de la ONG “Quiero Vivir sin Delincuencia y Sin Corrupción”.

Aquella acción judicial dio curso a la apertura de la investigación de Fiscalía y en ella, la ONG apunta a un posible delito de falsificación de instrumento público, al momento en que la magistrada aseguró estar teletrabajando desde Chile. “Era una falsedad”, manifestó la denunciante.

El teletrabajo durante la pandemia “en ningún caso significaba hacer uso de vacaciones encubiertas, sino que es una medida de cuidado tendiente a resguardar la salud y seguridad de la población, y en este caso en particular de los funcionarios judiciales”, alegó la ONG.

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