Exautoridades entregan versiones contradictorias sobre las advertencias previas por el polémico negocio. La Fiscalía investiga fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible.
Funcionarios del Gobierno de Gabriel Boric se enteraron del problema legal por la venta de la casa del expresidente Salvador Allende a través de la prensa.
De acuerdo a una publicación de Radio Bíobío, la primera reunión para abordar el escándalo ocurrió el 3 de enero, cuatro días después de la firma del contrato de compraventa y un día después de que el tema llegase a la prensa.
En la reunión no participó la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, pues se encontraba de vacaciones, pero si estuvieron su asesora, Denisse Hernández, junto al subsecretario Sebastián Vergara Tapia, quien las oficiaba de ministro subrogante. La instancia, que involucró a múltiples funcionarios del gobierno, fue presidida por el asesor de la Presidencia Leonardo Moreno, el asesor de Boric que sigue las políticas de Bienes Nacionales.
En ese escenario, Sandoval aseguró ante la Fiscalía que se advirtió a Moreno sobre los conflictos de interés. “Hubo advertencias durante el proceso de compra, tanto de la jefatura de gabinete como por Macarena Diez, quien confeccionó una minuta donde nos contó tanto a Denisse como a mi persona que existían eventuales conflictos de interés respecto de quienes venden la propiedad de Allende, y debido a los cargos que ocupaban las personas que eran parte de la comunidad heredera”, planteó.
“Recuerdo que esto fue transmitido a Moreno y Nazar en reunión por parte de Macarena Diez y Denisse Hernández, según lo informado por estas profesionales”, dijo la exministra. Dichas palabras fueron posteriormente reafirmadas por Diez.
Sin embargo, lo anterior fue negado por los asesores. “No entiendo cómo sucedió esto”, llegó a puntualizar el propio asesor durante la primera reunión.
Recuerden que el negocio en torno a la casa involucraba a la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende, quienes tenían prohibición constitucional para celebrar contratos con el Estado.
En ese escenario, la Fiscalía investiga fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible. Aún no hay formalizaciones en el caso.
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