A menos de 24 horas de decretarse la prisión preventiva de Luis Hermosilla, su abogado y hermano, Juan Pablo Hermosilla, ingresó un recurso de amparo para que la Corte de Apelaciones de Santiago ordene el traslado del penalista a Capitán Yáber. Por el momento, permanece en Santiago 1.

En el texto, revelado por La Tercera, el defensor expuso que “en insistentes y frustrados contactos con Gendarmería de Chile, y personal del Ministerio de Justicia, ha sido imposible gestionar el ingreso de mi representado al recinto correspondiente para el cumplimiento de su medida cautelar; sin entender esta solicitud como un privilegio, sino como una medida habitual para este tipo de delitos”.

“Se suma a lo anterior la decisión por parte del Poder Ejecutivo, al declarar públicamente el Presidente de la República Gabriel Boric Font: ‘Que bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel’, ‘Es un señor que se creía todo poderoso’, desprendiéndose de estas frases una politización arbitraria destinada a que Luis Hermosilla cumpla su medida cautelar en un recinto distinto al cual se encuentran habitualmente en prisión preventiva por este tipo de delitos”, argumentó.

¿Qué pide Juan Pablo Hermosilla?

En el amparo, Juan Pablo Hermosilla insiste en su punto: “Remítase informe de Gendarmería de Chile respecto a la factibilidad de ingreso a anexo Capitán Yáber. Asimismo, restablezca el imperio del Derecho y salvaguardando la integridad física, psicológica y respetando la igualdad ante la ley, se permita a don Luis Edgardo Hermosilla Osorio cumplir la medida cautelar de prisión preventiva en el recinto penitenciario Capitán Yáber”.

Esta mañana, en diálogo con Radio Infinita, el abogado se refirió al recurso de amparo en contra de la administración de Boric.

“Vamos a ejercer nuestras acciones legales contra el gobierno para evitar que se politice el caso”, dijo.

El defensor de Luis Hermosilla sostuvo que “esto depende del Ministerio de Justicia, que se ha negado a darle un trato a Luis como una persona común y corriente, a trasladarlo a Capitán Yáber a pesar de que la jueza lo autoriza”.

“Lo que yo estimo, después de la declaración del Presidente de la República, es que es una decisión política, y por lo tanto es una decisión ilegal e inconstitucional. Tenemos derecho a que se nos trate igual que a cualquier persona”, sentenció.