El hijo de la expresidenta Bachelet busca “reparación” por la querella que Gonzalo Vial Concha y su inversora, defendidos por Luis Hermosilla, presentaron en 2016 en el marco del Caso Caval.
Sebastián Dávalos presentó una demanda millonaria relacionada al Caso Caval.
De acuerdo a La Tercera, la acción fue interpuesta por el hijo de la expresidenta Michelle Bachelet en contra de Gonzalo Vial Concha y su sociedad Inversiones Graneles del Sur por “responsabilidad civil extracontractual e indemnización de perjuicios por abuso del derecho”.
A grandes rasgos, Dávalos acusa que Vial Concha utilizó las acusaciones de estafa e infracción a la propiedad intelectual, surgidas en el marco del Caso Caval, de forma maliciosa para desviar una investigación paralela que surgió contra Graneles.
Esta última empresa estuvo al centro del caso, pues se detectó que pagó una suma millonaria por supuestas asesorías a Caval. Posteriormente, Vial y Graneles interpusieron una querella, siendo representado por Luis Hermosilla, en contra de Dávalos, su ahora exesposa Natalia Campagnon y Mauricio Velero.
En la nueva acción legal, Dávalos alega que la querella de la que fue absuelto y las medidas cautelares lo afectaron fuertemente de forma personal y económica, incluyendo diversas oportunidades laborales.
“En cuanto a su honra, por la gravedad de la naturaleza de los delitos que se le imputaban, fue sometido a un constante y despiadado escarnio público, que destruyó su vida personal y profesional, viéndose expuesto a un continuo asedio de críticas y juicios mediáticos que parecían no cesar nunca, contribuyendo a un desgaste significativo y una exposición pública que sobrepasó cualquier noción de justicia.”, indicó la demanda de Dávalos.
En ese escenario, Vial Concha afirmó que desconoce detalles de la nueva acción judicial y planteó que existió un acuerdo entre las partes, plateando la existencia de un “aprovechamiento”.
Por la demanda, Dávalos reclama más de $680 millones de pesos por perjuicios, incluyendo $483 millones por lucro cesante y otros $120 millones por daño moral. En tanto, otros $80 millones por la devolución de costas judiciales.
