La Fiscalía Occidente ya inició una investigación de oficio por la denuncia contra estos contribuyentes.
Este lunes se llevó a cabo la comisión investigadora de la Operación Tributos de la Cámara de Diputados, respecto al mayor caso de fraude fiscal en la historia del país, que significó un perjuicio al Estado por cerca de $240 mil millones.
La investigación, iniciada en el año 2019 por delitos tributarios, lavado de activos, delitos aduaneros, asociación ilícita, porte ilegal de armas y municiones, que comenzaron a perpetrarse cuatro años antes, indaga a 55 empresarios de distintas regiones que obtuvieron beneficio fiscal con base en facturas falsas, caso que actualmente está en proceso y del cual ya ha habido detenidos, formalizaciones y algunos imputados han quedado en prisión preventiva.
Precisamente, la cita de este lunes tenía como objetivo escuchar las exposiciones del director nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett, y del fiscal nacional Ángel Valencia, quien por segunda vez se excusó de asistir a la instancia.
Caso GIFF
En la instancia, Frigolett inició su intervención advirtiendo sobre un nuevo caso presuntamente delictual.
“La comisión se constituyó en relación con el caso penal denominado ‘Megafraude Tributario’, no obstante, el motivo de la presente citación tiene por objeto exponer sobre otro caso de delitos tributarios, el cual se ha identificado penalmente como el ‘Caso GIFF’”, comenzó diciendo.
El titular del SII develó que esta nueva arista tiene que ver con la creación de sociedades de papel y omisión masiva de documentación tributaria falsa.
Todo inició en noviembre de 2017, producto de una revisión efectuada por parte de la Dirección Regional Centro del SII, donde se informa sobre la situación de dos contribuyentes identificados como David Cartes Pulgar y Kevin Pérez Cartes, ambos familiares, quienes son representantes legales de diversas sociedades que presentan características irregulares similares.
Al respecto, Frigolett describe que “tenían bajo, casi nulo, entero de impuestos en los periodos revisados, registraban domicilios en oficinas virtuales, presentaban indicios de no haber estado desarrollando efectivamente su actividad económica”.
A partir de lo anterior, el SII realizó una búsqueda de contribuyentes con patrones de comportamiento similar, detectándose 103 contribuyentes con características de ser emisores de facturas electrónicas falsas.
Asociado a eso, Frigolett indicó que hay un conjunto de acciones que se fueron desarrollando, como por ejemplo, en noviembre de 2017 la Dirección Regional Centro detectó una red de facilitación de facturas falsas, denominándolo en ese momento como el Caso GIFF.
En tanto, en enero de 2018, se comenzó con la recopilación de antecedentes y se iniciaron reuniones de coordinación, en las cuales se dio a conocer la existencia de un universo de 4.900 contribuyentes eventualmente receptores y 103 emisores, determinándose criterios, relevancia y prioridad de los casos detectados.
Tras lo anterior, se remitió a las direcciones regionales del SII un listado de los contribuyentes eventualmente vinculados en la red de facilitación de facturas falsas.
Acciones penales
Trascurrido casi un año, el 24 de diciembre de 2018, el SII interpuso una querella ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en contra de los receptores recopilados por el Departamento de Delitos Tributarios.
Además, se presentó otra acción penal similar, esta vez ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en contra de facilitadores y receptores de facturas falsas, causa que hasta entonces comprende 18 ampliaciones de querella que han sido presentadas entre los años 2019 y 2023, lo que conlleva a que existan actualmente 55 personas naturales querelladas en calidad de representantes legales y administradores de hecho de distintas sociedades.
Pese a que indicó que este caso se encuentra actualmente aún en etapa de investigación desformalizada, ratificó que en diciembre de 2023 sostuvo una reunión con la fiscal a cargo, Ximena Chong, y otros abogados de la Fiscalía Nacional, a quienes se les solicitó formalizar la investigación.
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