“Las autoridades no les creyeron los hechos y también sintieron miedo”, describe el documento elaborado por la Superintendencia de Educación Superior.
Nuevos antecedentes se dan a conocer en torno al deceso de Catalina Cayazaya, estudiante de Terapia Ocupacional que, en marzo pasado, se quitó la vida tras enfrentar “situaciones de hostigamiento y maltrato” por parte de funcionarias de la Universidad de los Andes.
De acuerdo a la madre de la joven, la Superintendencia de Educación Superior (SES) determinó que hubo faltas de aplicación de normativa interna de la institución, por lo que “ordena instruir proceso administrativo sancionatorio” a la universidad.
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Este lunes, La Tercera reveló que la investigación de la SES estableció que, previo a un correo del 30 de septiembre de 2022, en el que un grupo de estudiantes (incluida Catalina) piden una reunión para dar cuenta de “las situaciones de maltrato” que habían vivido en sus campos clínicos, también “es posible establecer que la Escuela de Terapia Ocupacional (TO), la coordinadora de Internado y/o las supervisoras respectivas, habían tomado conocimiento de al menos seis estudiantes que reportaron situaciones en los campos clínicos eventualmente constitutivas de maltrato y/o abuso”.
Y que, en tal sentido, “no hubo acciones tendientes a esclarecer los hechos por parte de quienes fueron informadas de las situaciones; en lugar de ello, en algunos casos, se atribuyó la situación a la estudiante o los hechos fueron minimizados al solicitar a la estudiante que ‘aguantara’ porque quedaba poco”.
Posteriormente, tras la insistencia vía mail, las estudiantes fueron citadas a una reunión vía Zoom.
“De acuerdo con el Informe de Testimonios Reservados, en dicha reunión, las estudiantes explicaron que no todas las firmantes habían sido víctimas de malos tratos, pero sí testigos directos o de oídas. Frente a lo expuesto, las autoridades indicaron a las estudiantes que sus dichos tenían el carácter de injurias, informándoles que ello podía ser objeto de sanciones”, dice el informe de la SES, que agrega que “en el marco de la presente investigación, la universidad informó haber borrado el registro de la grabación de la reunión como parte de la eliminación periódica de archivos; sin perjuicio de lo cual, los antecedentes recabados permiten establecer que las autoridades de la Escuela presentes en la reunión no escucharon a las estudiantes, sino que les solicitaron hacer llegar por escrito sus testimonios”.
“Tanto Catalina como las demás estudiantes que asistieron, sintieron falta de apoyo y de atención, ya que las autoridades de la Escuela de TO relativizaron o no les creyeron los hechos y también sintieron miedo porque podían verse perjudicadas por lo planteado a las autoridades”, se lee en el informe revelado por LT.
“Los antecedentes recabados sobre lo ocurrido luego de la reunión colectiva permiten establecer que, en las reuniones individuales de las estudiantes, las autoridades de la Escuela no escucharon las experiencias de maltrato de las estudiantes, sino que insistieron en la actitud de reprimenda y advertencia de los problemas que les traería en caso de injuriar a docentes de los campos clínicos, dando por sentado que las denuncias eran infundadas o falsas”, se dice al respecto, sumando además que todos los antecedentes constituyen “una forma de amedrentar a las estudiantes”.
En conclusión, la respuesta de la UAndes es calificada como “insuficiente y represiva” en el informe de la superintendencia.
“En síntesis, las autoridades de la Escuela de TO no creyeron a las estudiantes lo relatado individual ni colectivamente, rechazando de plano las situaciones informadas, sin activar ninguna investigación interna orientada a atender las inquietudes planteadas ni brindar la ayuda solicitada por las estudiantes”, sentenciaron en la SES.
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