La superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) decidió multar por 700 guatones a los resposables de la explosión de gas que terminó con la vida de cuatro personas y daños patrimoniales irreparables en el barrio puerto, en junio del 2007.
Las empresas involucradas, Gasvalpo y Chilquinta, ya habían pataleado ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se les hiciera una rebaja a la multa, pero el organismo no pescó.
Hasta ahora las compañías sólo han soltado las lucas para pagar las indemnizaciones a las familias de los cuatro fallecidos, pero los grillos suenan cuando se trata de las 80 personas afectadas, entre los que resultaron heridas y las que perdieron desde sus fuentes laboarles, hasta sus hogares.
Eso si los 700 palos que deberán pagar las empresas responsables del estallido, los recibirá Papá Fisco.
Pablo Andueza, uno de los abogados de las víctimas, señaló al diario La Cuarta que "a más de cuatro años de la explosión, nadie entiende por qué las empresas aún no pagan el tremendo daño causado. Por lo que la demanda interpuesta se mantiene en contra de ambas empresas, y solicitamos, también, la agilización del pago.
