Municipalidad de Providencia entró a vivienda que una persona subarrendaba a peruanos, bolivianos y, también, a chilenos. b Matthei anunció un recurso de protección a favor de las personas que habitan el lugar.
Las paredes de la casona ubicada en Bellavista 0272, en la comuna de Providencia, guardan hacinamiento, condiciones higiénicas precarias y riesgos para la seguridad de las personas que habitan en su interior.
También guarecen un problema que hace años era un secreto a voces y que el municipio destapó la mañana de ayer, al fiscalizar el inmueble y dar cuenta de la subdivisión de 60 piezas para el arriendo a personas, donde llamaba la atención la gran cantidad de conexiones eléctricas artesanales.
Neftalí Corrientes es un ciudadano peruano que arrienda una de las piezas del segundo piso del inmueble. Aseguró que por una de 3x3 mts2 paga $150 mil y le confesó a La Cuarta que "las condiciones en las que vivimos no son las mejores. El arriendo de una pieza es caro y a eso hay que sumar el pago de la luz y de la limpieza del baño".
En el Conservador de Bienes Raíces figura la empresa comercial Jadue y Compañía como dueña de la casona, quienes le arriendan el inmueble a una mujer, identificada por las personas que viven ahí como "Susana", quien le subarrienda a chilenos, peruanos y bolivianos.
"Ella tiene a una persona -Silvio Calderón se llama- que es la encargada de cobrar todos los meses el arriendo. A ella nunca la hemos visto", dijo una de las personas que ha sido amenazada al reclamar por mejores condiciones.
Desde el municipio informaron que las personas que arriendan las piezas recaudan $10 millones al mes por las 60 piezas que tiene el domicilio. La alcaldesa Evelyn Matthei manifestó que el peligro de incendio al interior de la propiedad es tal por la gran cantidad de aparatos eléctricos enchufados a conexiones artesanales, es grande. Además, aseguró que en caso de declararse uno "no hay por dónde escapar".
"Como municipio podríamos clausurar el lugar. Lo que generaría un grave problema a estas familias. Pero interpondremos un recurso de protección, lo que nos da entre 30 y 60 días para poder ayudarlos. Hablaremos con autoridades de gobierno para ver qué podemos hacer juntos y así solucionar un verdadero drama, generado por alguien que claramente merece un castigo mucho mayor que un par de partes", cerró Matthei.
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