Son siete funcionarios los que presentaron un requerimiento al Tribunal Electoral, además de asegurar que la Municipalidad de Maipú "creó una administración paralela que le permitió evitar las fiscalizaciones y controles internos".
Nuevamente la administración realizada por Cathy Barriga en la Municipalidad de Maipú durante su tiempo como alcaldesa se encuentra en la polémica. Y es que un grupo de siete concejales del municipio presentaron un requerimiento ante el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana por “por notable abandono de deberes y graves faltas a la probidad administrativa”, en contra de la edil.
Dicho requerimiento fue aceptado, lo que significa que Barriga deberá enfrentar a la justicia electoral, esto en paralelo a la investigación penal en su contra. “Con este requerimiento, que he liderado desde hace seis meses, hemos presentado bastante evidencia que nos permite afirmar que hubo graves irregularidades por parte de la exalcaldesa Cathy Barriga. Ante ello, el objetivo que tenemos los siete concejales denunciantes es que no exista impunidad por el daño que se le hizo a la comuna, a sus vecinas y vecinos, con el despilfarro de recursos de la gestión anterior”, explica la concejal Ka Quiroz a la Tercera PM.
La misma Quiroz además agrega que la razón para llevar adelante este requerimiento fue “establecer la responsabilidad de la exalcaldesa por las faltas a la probidad administrativas e incumplimiento de deberes propios de su cargo que se cometieron durante la administración y que, por lo demás, han tenido graves consecuencias para los habitantes de la comuna de Maipú”.
Las faltas administrativas
Una de las faltas administrativas que especifican los concejales fue un viaje realizado a Argentina para ver una presentación de La Cenicienta, dicho viaje habría tenido un costo de $2 mil millones de pesos. De acuerdo a la información presentada, “para proceder a autorizar los gastos incurridos en el viaje realizado a Argentina, la Municipalidad de Maipú utilizó un reglamento interno que se llama ‘Procedimiento para la autorización y pagos de viáticos por concepto de comisiones de servicios y cometidos de funcionarios de la Municipalidad de Maipú’. Del análisis efectuado por la Contraloría se pudo desprender que dicho reglamento no tenía vigencia normativa”.
Esto significa que la administración de Barriga no contaba con la autorización de ninguna norma del municipio para poder gastar esa cantidad de dinero en un viaje al país vecino. Otro antecedente que llama la atención es que supuestamente se habrían enviado dos invitados desde el Concejo de la Municipalidad de Maipú en Argentina para sus pares en Chile, invitaciones que nunca se pudieron acreditar.
Otra de las faltas tiene relación con la utilización de recursos públicos por parte de Barriga para poder enaltecer su figura como alcaldesa de Maipú. “La Contraloría General de la República calificó como ‘compleja’ la actitud reiterativa, grave y contraria a la probidad administrativa efectuada por la exalcaldesa de Maipú, la Sra. Barriga, consistente en utilizar recursos municipales para resaltar o promocionar indebidamente su imagen personal en el marco de la ‘Feria Fuerza de Mujer”, explica el documento.
A lo anterior se suma irregularidades vinculadas al Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado “El ente contralor detectó que Smapa tenía demoras que iban desde los 30 días hasta los 295 días en la entrega de información hacia la Superintendencia cuando efectuaba las fiscalizaciones. La anterior tenía como consecuencia que la Superintendencia no contara con la información necesaria para poder sancionar o informarse del cumplimiento de distintos requerimientos que son propios de los servicios sanitarios”, explica La Tercera PM.
Una administración paralela
Debido a las faltas administrativas mencionadas, y otras que pudieron identificar el grupo de concejales a cargo del requerimiento presentado en el Tribunal Electoral, pudieron llegar a la conclusión de que posiblemente la “Municipalidad de Maipú creó una administración paralela que le permitió evitar las fiscalizaciones y controles internos. Esto fue un terreno fértil para que se cometieron reiteradas faltas a la probidad administrativa que le implican un fuerte detrimento económico al municipio en forma constante y permanente”.
De acogerse la demanda presentada por el grupo de concejales, la máxima sanción que enfrentaría Cathy Barriga es la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante 5 años.
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