Según datos del Departamento de Estadística e Información de Salud, entre 2018 y 2020, el 87% de los embarazos interrumpidos se llevó a cabo en establecimientos públicos de salud.
Tras el hito ocurrido en Argentina a inicios de enero, en Chile se discute la opción de avanzar hacia una despenalización total del aborto hasta la semana 14 de gestación.
Dentro del incipiente debate legislativo, BíoBio Chile publicó las cifras con las interrupciones de embarazos en el país en el marco de la ley 21.030, la cual rige desde septiembre del 2017 y que permite realizarse un aborto en solo tres casos: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal o violación.
Según datos del Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), entre febrero de 2018 y septiembre de 2020, se registraron 2009 casos de mujeres que ingresaron a centros de salud hacerse un aborto bajo alguna de las causales legisladas. De ese total, 1676 decidieron interrumpir su embarazo, y 333 optaron por seguirlo.
De los casos que sostuvieron la idea de realizar el aborto, la principal razón fue por inviabilidad fetal (47,26%), es decir, que el "embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal".
Luego están quienes lo hicieron porque su embarazo suponía un alto riesgo para la salud de la madre (32,28%). Y, en tercero, se acogieron a la causal de haber sido víctima de violación (20.47%).
Ese 83%
Aunque se registra cierta homogeneidad en las cifras totales, los porcentajes varían drásticamente dependiendo del rango etario de la mujer. La información revela que el 83% de las niñas y adolescentes entre 11 y 17 años de edad que abortaron lo hicieron bajo la causal de violación.
En cambio, entre las mujeres mayores de 40 años dicha causal representó solo un 6% de los abortos totales, mientras que un 64% se acogió a inviabilidad fetal y un 30% a riesgo de vida de la madre.
Respecto a la edad de gestación, la mayoría de los embarazos interrumpidos fueron entre las semanas cinco y veintidós, alcanzando su punto más alto en la treceava (13) semana. En lo casos de violación, el procedimiento no se puede realizar más allá de las semana doce; a menos que se trate de una menor de 14 años, en que se puede realizar como máximo en la semana catorce.
Ya sea que la mujer decida o no abortar, la Ley contempla que la persona tiene derecho al acompañamiento biopsicosocial que la apoye; del total de mujeres que se presentaron en un centro de salud por alguna de las causales, el 84% aceptó dicha asistencia.
La mayoría de las mujeres que se realizaron el procedimiento abortivo lo hicieron con Fonasa (85%). Mientras que el 87% de las interrupciones de embarazo se realizaron en establecimientos públicos, y el resto en clínicas privadas (13%).
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