Ocho ex funcionarios de la Oficina Nacional de Emergencias y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) serán formalizados durante la mañana por las responsabilidades que tendrían en la muerte de 156 personas y la desaparición de otras 25 durante el tsunami que afectó las costas chilenas el fatídico 27 de febrero de 2010.
El trámite judicial será dispuesto en la sala más grande del Centro de Justicia de Santiago, debido a la choclonera de abogados que representan a víctimas y acusados. El principal cargo que enfrentarían sería el cuasidelito de homicidio, una figura que junto con la irreprochable conducta anterior de los acusados, podría derivar en una condena en libertad.
Eso sí, a pesar de las bajas penas, abogados de las victimas quieren al menos que durante la investigación los imputados queden en cana. "Vamos a pedir la prisión preventiva de todos los formalizados. La fiscalía va a intentar lo mismo, no sé si en el momento van a obrar de esa manera, pero eso es lo que se ha hablado con los querellantes", manifestó el abogado Juan Vasseur, quien representa a las familias de 69 víctimas fatales.
Entre las ex autoridades que enfrentarán a la Justicia se encuentra el subsecretario del interior, Patricio Rosende y la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández. Ambos tendrían responsabilidad en el levantamiento de la alerta de tsunami y la demora de la misma durante el cataclismo.
Otro de los abogados que representa a víctimas, Raúl Meza, aseguró que irá por el mismo camino. "Pediré que tanto el señor Patricio Rosende como Carmen Fernández queden privados de libertad por el peligro que representan para la seguridad de la sociedad", soltó.
