Proyecto de ley pretende sancionar con las penas del infierno a los juristas que ingresen drogas y elementos prohibidos a los penales.
Unas zapatillas rojas igualitas a las que uso Ricky Martin en Viña 2014 fueron la clave para frenar las intenciones del abogado G.A.T.C, quien pretendía ingresar 40,8 gramos de cannabis sativa, 13,4 de clorhidrato de cocaína y pastillas al Centro de Detención Preventiva de Puente Alto.
El profesional entró al recinto con el vistoso calzado y salió de su visita con zapatos más formales, lo que encendió las alarmas en Gendarmería, que al revisar las zapatillas encontró la droga.
El caso ocurrió en julio pasado, y es uno de los 80 que se han denunciado en los últimos cuatro años y que son sancionados por la Ley de Drogas, a los que se suman otros cientos en que abogados o estudiantes de Derecho que ingresan otro tipo de elementos prohibidos, como celulares, por ejemplo.
Para evitar que el tráfico de droga tenga como flujo a los juristas, el diputado Bernardo Berger (RN) presentó un proyecto de ley que busca castigar con las penas del infierno a los abogados que ingresen elementos prohibidos a las cárceles. "Existe un aprovechamiento abusivo de las prerrogativas que la ley les concede, ya que, por ejemplo, los reglamentos internos de Gendarmería, en resguardo del derecho a defensa, prohíben la revisión exhaustiva a los abogados defensores que visitan y se entrevistan con sus representados al interior de un recinto penal, siendo en tales circunstancias en donde se verifica el ingreso de drogas, armas o teléfonos celulares", explicó el legislador por la Región de Los Ríos.
La iniciativa del parlamentario busca que en caso de que pillen a uno de estos profesionales ingresando algún elemento prohibido, sea sancionado con una pena que va de los 541 días a los 3 años de cárcel, a lo que se sumará la inhabilidad perpetua para ejercer la profesión.
Pero el proyecto no se queda ahí, pues también propone que aquellos egresados de Derecho, que bajo el alero de algún abogado patrocinante acudan a las cárceles, y hayan sido descubiertos y condenados por este delito, no puedan obtener su título de abogado.
"Es un problema que hoy tiene en jaque a Gendarmería, sobre todo cuando son realizados por abogados", finalizó.
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