Después de mucho conversarlo, finalmente el Gobierno se abrió a rearmar la Carta Magna de Chile, modificándola a través de tres formas. En tanto el libro de la Constitución se agotó en kioscos y librerías.
Después de años de tiras y afloja, la administración de Sebastián Piñera anunció el domingo que estaba dispuesto a comenzar el debate sobre una nueva Constitución, una que reemplace a la que se elaboró en 1980, el pleno régimen militar.
Desde el Ejecutivo apuestan todas las fichas por un mecanismo en el que el Congreso seleccione a un grupo de parlamentario y que tras un año de debate tengamos nueva ley. Sin embargo, los constantes cuestionamiento ciudadanos sobre el rol de los honorables, puso en alerta a los opositores de este método, los mismos que ven en la Asamblea Constituyente la mejor manera, ya que la discusión se generaría entre personas elegidas democráticamente para cumplir con esa función.
Para apoyar su idea, desde La Moneda incluso se abren a la idea de desempolvar las conclusiones generadas en los cabildos que impulsó Michelle Bachelet desarrollados en 2016 como "encuentros locales autoconvocados".
Constitución se vende como pan caliente
Sorpresa total generó en el último ranking de los libros más vendidos del país la inclusión del texto "Constitución Política de la República" en el segundo lugar de la lista.
Históricamente no se trata de un libro de gran interés popular, pero en los últimos días escaló en las ventas superando a títulos de Jorge Baradit, Gabriel Salazar y Marcela Serrano, y solo superado por "Astrología para tiempos difíciles" de Consuelo Ulloa. "Se entiende que por el contexto social que estamos viviendo genere un interés masivo, y no solo de estudiantes o personas ligadas al Derecho. Muchas personas lo quieren leer para discutir con conocimiento", comenta Mauricio Alarcón, vendedor de Editorial Jurídica de Chile.
Congreso constituyente: la opción del Gobierno
Se trata de un mecanismo en donde los integrantes del Congreso escogen a representantes, de entre los mismos legisladores, para que en el plazo de un año diseñen una nueva Constitución.
En el plan de La Moneda, una vez definida la nueva carta magna, ésta pasaría por la aprobación popular a través de un plebiscito ratificatorio.
A voz de los expertos, esta fórmula tiene algunos vacíos, especialmente por la validación social que tiene el actual Congreso Nacional.
"Quedan conversaciones por hacer para saber cuáles serían las características de ese mecanismo. Lo primero que se debe definir es que con qué Congreso se realiza. Con el de ahora o con uno distintos, en dos años más. O adelantamos elecciones para un Congreso Constituyente, con qué mecanismo, cómo se elegirán a los constituyentes, como será la toma de decisiones con quórum especial o mayorías absolutas. Todo eso tiene incidencia en la arquitectura del mecanismo", comentó María Cristina Escudero, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
La asamblea constituyente que pide la oposición
De acuerdo a la definición de Naciones Unidas, es un "órgano colegiado conformado por un grupo de ciudadanos y ciudadanas electos por sufragio popular para discutir y diseñar exclusivamente un texto constitucional". Al ser los ciudadanos quienes diseñan la ley supone que su elaboración rescata cada voz de los ciudadanos. Eso sí, tomaría más tiempo, ya que se debe elegir a las personas que discutirán el proyecto y después de debe generar un plesbicito para aprobar la nueva carta magna.
Desde La Moneda no es opción ya que consideran que el Congreso asegura la voz ciudadana.
"Nosotros creemos firmemente en que el Congreso es el camino de avanzar en una unión que permita un gran acuerdo, nuestro camino no es la Asamblea Constituyente, pero entendemos que el Congreso y el proceso de una nueva Constitución debe ser con participación activa", comentó la vocera Karla Rubilar.
La alternativa mixta: Convención constituyente
Es la fusión de las otras dos alternativas, por una parte el Congreso elige a representantes para que elaboren la nueva ley, los que deben trabajar codo a codo con un grupo de personas elegidas a través de votación popular y que no tengan aspiraciones más que trabajar en una nueva Constitución.
En un contexto ideal se trata de ciudadanas y ciudadanos que no quieren ser diputados ni senadores, pero que estén disponibles para dedicar parte su tiempo al proyecto de nueva constitución. La idea es que el trabajo en el poder legislativo se vea alimentado con ideas de la ciudadanía rescatada de distintos focos de discusión.
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