Sólo con firma quincenal y prohibición de salir del país quedó Laurence Golborne luego de ser formalizado por delitos tributarios reiterados en el marco del caso Penta, conocido por el financiamiento ilegal de campañas políticas.

El juez Juan Carlos Valdés, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago escuchó al equipo liderado por el fiscal Manuel Guerra, que una a una revisó un total de 26 facturas ideológicamente falsas de 10 empresas que traspasaron al ex candidato presidencial de la UDI más de $378 millones. La idea era que esas lucas fueran usadas en la pre campaña presidencial, de la que "se bajó" y luego por una campaña senatorial que perdió.

La maquinaria funcionaba así, según la parte acusadora: las compañías pagaban por servicios a empresas ligadas a Golborne. El problema es que esos servicios jamás se habrían realizado . Según sapeó Guerra, Golborne habría sido "desleal con la investigación" y habría entregado "información falsa" cuando le preguntaron por los documentos. Con esto, el fiscal buscaba que la defensa no dijera que el acusado había colaborado con la investigación del caso.

Aún así, el juez Valdés consideró que ex ministro de Sebastián Piñera sí había cooperado con la justicia y, sumada su irreprochable conducta anterior, ameritaba descartar el arresto domiciliario total que se pedía.

"Esta defensa fue citada para los efectos de ser formalizado por delitos cometidos el 2012 y 2013. Sin embargo, la formalización abarca hechos que no fueron comprendidos en la solicitud de esta audiencia, por lo que no puede ser considerado por su señoría al momento de decretar alguna medida cautelar", dijo el abogado Juan Pablo Kinast, para tratar de que su cliente se la llevara "pelá".

Ahora vendrá una investigación más profunda para determinar las presuntas responsabilidades del ex ministro.