Firmará mensualmente durante un año y tendrá que pagar una suma de $1.693.798 y 5 UTA.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago había condenado a Sebastián Pizarro Cristi, hijo del senador Jorge Pizarro (DC), en el marco del caso SQM.
El tribunal había fijado 450 días de reclusión por delitos tributarios y el pago de una multa de $3.387.586 y 10 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalente a cerca de 500 mil pesos.
Pero el viernes pasado decidió, en la lectura final de la sentencia, rebajar la pena y reducir en un 50% la multa económica.
Pizarro Crispi aceptó los cargos que se le imputaban por los delitos tributarios en el marco del caso SQM, con lo cual accedió a un procedimiento abreviado que de paso acredita la triangulación de dinero para campañas políticas, la facilitación de facturas falsas por servicios no prestados y la declaración maliciosamente falsa de impuestos, según informó la fiscalía de Valparaíso.
Lectura de sentencia
A pesar de la emergencia sanitaria, el viernes 20 de marzo se efectuó la lectura de la sentencia, que en definitiva consistirá en una pena sustitutiva consistente en la firma mensual de Pizarro Cristi durante un año.
Con respecto a la multa económica, si bien la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, había declarado que era "necesario resarcir en su integridad el perjuicio fiscal causado", finalmente se cerró con una reducción del 50%, es decir, una suma de $1.693.798 y 5 UTA.
Declaración Pública de Senador Pizarro
El senador por la Región de Coquimbo, Jorge Pizarro, a través de sus asesores, hizo público un comunicado en el cual declaró que "una vez leído el fallo contra mi hijo Sebastián Pizarro Cristi, no puedo sino advertir la falta absoluta de objetividad respecto del proceder del Ministerio Público, quien llevó a cabo una persecución política por sobre la judicial".
El militante de la DC también dijo en el comunicado que "al contrario de las salidas alternativas ofrecidas a otros acusados en idéntica posición, se forzó a mi hijo a elegir entre un juicio simplificado o ser parte de un juicio oral de larga duración. Esta última opción es imposible de sostener debido al alto costo laboral y familiar que ello involucra", y puntualizó que en ningún caso -para él- esto significaba aceptar la acusación de financiamiento irregular de campañas políticas.
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