Norma Leiva Escalona y Karina Guzmán Arias, y los concejales Luis Aguilera Villegas, Camilo Kong Pineda, Waldo Valderrama Salazar e Ignacio Pozo Piña, acudieron al Tribunal Electoral Regional.
Este martes una parte de los concejales de la ciudad de Antofagasta acudieron al Tribunal Electoral Regional (TER) para solicitar la remoción del alcalde esta ciudad, Jonathan Velásquez Ramírez por abandono de sus deberes.
Esto ocurre en medio de los cuestionamientos de la comunidad hacia el alcalde, después de la delicada muerte de la profesora Katherine Yoma, quien sufrió acoso por parte de una alumna y su apoderado. El día que se llevó a cabo la conmemoración en nombre de la maestra, el jefe comunal fue cuestionado y pifiado.
Este documento se encuentra firmado por las concejalas Norma Leiva Escalona y Karina Guzmán Arias, y los concejales Luis Aguilera Villegas, Camilo Kong Pineda, Waldo Valderrama Salazar e Ignacio Pozo Piña, así indica Radio Bio Bío.
Los antecedentes del caso
Mientras que los abogados a los que se les otorgó patrocinio de este requerimiento son Rolando Lorca, Axel Villar y Eladio Cuadra.
La finalidad de este reclamo que se presentó ante el Tribunal Electoral Regional de Antofagasta es que se declare mediante sentencia judicial se declare el cese de las funciones del alcalde de la comuna de Antofagasta, don Jonathan Velásquez Ramírez, por “notable abandono de deberes y contravención grave al principio de probidad administrativa”, esto de acuerdo al Art. 60 letra c) y su inciso 4° de la ley 18.695.
Denunciaron 15 hechos o cargos en los cuales se transgrede al principio de probidad y hay un notable abandono de deberes por parte de acciones u omisiones reiteradas del alcalde durante su periodo de trabajo.
El Tribunal Electoral en el fallo señaló que coincide con la apreciación contenida del escrito respecto de al menos de uno de los hechos. Se trata de las ilegalidades cometidas en la gestión del proceso de cierre del exvertedero.“La Chimba”; la alteración del contrato relacionado con el transporte de residuos domiciliarios sin la aprobación del Concejo Municipal, se suma el uso y abuso de los tratos directos infringiendo la ley en materias tan importabtes como el servicio de barrido de calles; la situación de ilegalidades en la administración de las concesiones marítimas, sumarios pendientes sin resolvers y utilizar los servicios de abogados del municipio para uso personal.
Los concejales son claros en señalar que no es una evaluación de su gestión, porque eso corresponde a los ciudadanos que votan. Este requerimiento afecta solo al alcalde y no constituye un cuestionamiento a los funcionarios del municipio.
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