Por segunda vez en el año, los jueces y ministros de las Comisiones de Libertad Condicional de las regiones de Biobío, Valparaíso y Metropolitana tendrán que decidir durante los próximos días si otorgan o no el beneficio de libertad condicional a Carlos Silva Valenzuela, Luis Miguel Carrasco Tapia, Hugo Gómez Padua y Cristián Andrés Vilos Valenzuela.

Se trata de cuatro sujetos condenados por crímenes de violación con homicidio cometidos contra dos niñas, un niño y una adolescente, entre 1998 y 2001.

"Desde 1998 que hemos actuado en calidad de intervinientes en las investigaciones y juicios de prácticamente todos los casos de violación con homicidio contra niños, niñas y adolescentes ocurridos en nuestro país", precisó Ramón Suárez, abogado y presidente de Fundación Amparo y Justicia.

Además, indicó que "por este motivo, no sólo tenemos conocimiento de la gravedad de los hechos, sino que también, de los rasgos de psicopatía y de trastornos de personalidad que arrojan los exámenes psicológicos y psiquiátricos practicados a estos ofensores".

"Aun cuando la libertad condicional es un beneficio deseable en el marco de la promoción de la rehabilitación y reinserción social de los condenados, respecto a esta categoría de penados por delitos graves que afecten la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, creemos que se deben tomar resguardos especiales al momento de evaluar y conceder beneficios que pretenden reincorporarlos al medio libre", precisó.

Asismismo, el abogado planteó la urgencia de que "la reforma a la Ley de Libertad Condicional que, actualmente se discute en el Congreso, incluya estos resguardos como también resulta esencial consagrar legalmente la facultad de la víctima y sus familias de ser escuchada y de ser oída en los procesos de libertad condicional".

Peligro

Desde la Fundación plantearon que un ejemplo de este riesgo de reincidencia es el caso de Gómez Padua. En 1976 fue condenado por violación con homicidio de una niña de 9 años en Colombia. Cuando gozaba de libertad condicional en su país, quebrantó el beneficio y entró irregularmente a Chile en 1995. Cuatro años después, violó y asesinó a una niña de 10 años en la comuna de Santa Cruz. Hoy, nuevamente postula a la libertad condicional.

Desde 2018, las Comisiones respectivas han denegado la libertad condicional a estos sujetos, considerando -entre otras razones- su peligrosidad para la sociedad.