Desde el municipio argumentaron que no se tuvo “todos los antecedentes a la vista”. La alcaldía apelará al dictamen.
La Contraloría General de La República (CGR) formuló reparos al contrato que firmó la Municipalidad de Ñuñoa con la ONG FIMA.
En su dictamen, el contralor de la Región Metropolitana, Carlos Frías, concluyó que “de los antecedentes tenidos a la vista, aparece que tanto en los decretos alcaldicios que autorizaron las respectivas contrataciones directas como aquellos que aprobaron los contratos con FIMA no se contemplaron los motivos de la contratación, además de la verificación de la idoneidad técnica del prestador, conjuntamente con las razones por las cuales las funciones no podían ejecutarse por personal de la entidad”.
Por esa razón, el organismo ordenó a la alcaldesa Emilia Ríos (RD) “iniciar un procedimiento de invalidación y, ponderar la necesidad de instruir un proceso disciplinario con el objeto de investigar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren derivarse de la situación objeto del presente pronunciamiento”.
“No consta que la Municipalidad de Ñuñoa haya dado cumplimiento a las exigencias previas a que se refiere el inciso tercero del artículo 107 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, toda vez que dentro de tales antecedentes solo se observa la existencia de un documento denominado requerimientos del servicio a contratar en relación con el proyecto Egaña Comunidad Sustentable, sin que se acrediten las gestiones que indica el citado artículo respecto de ese proyecto y del Centro Comercial Mall Vivo Santiago Etapa II que motivó otro trato directo”, agregó el oficio emitido la semana pasada.
Contraloría reaccionó a denuncia
Según detalló La Tercera, el pronunciamiento de la Contraloría se da tras la denuncia que presentó el concejal de la comuna, Julio Martínez Colina, quien acusó supuestas infracciones, irregularidades y deficiencias en el proceso de contratación directa efectuado por dicha entidad edilicia con la Corporación Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), lo que generaría un perjuicio patrimonial para el Fisco de Chile.
Por su parte, la Municipalidad de Ñuñoa anunció que apelará al dictamen de la Contraloría, ya que a su parecer “no tuvo todos los antecedentes a la vista”.
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