La Contraloría formuló cargos contra el alcalde Daniel Jadue (PC) por “faltas a la probidad” en el marco de un sumario por el caso de Farmacias Populares.

Según detalló La Tercera PM, el pasado 6 de julio, un equipo del ente fiscalizador se constituyó en la muni de Recoleta para notificar personalmente al edil de la formulación de cargos en su contra.

Entre otros documentos, al jefe comunal se le hizo entrega del análisis de pesquisas que constataron una serie de irregularidades cometidas por el alcalde en relación a la gestión y administración de Asociación de Farmacias Populares (Achifarp).

“Uno de los cargos dice relación con la celebración de convenios ilegales entre los municipios de Recoleta y Paillaco, además del Servicio Nacional de la Discapacidad, con el organismo que provee de medicamentos a bajo costo. Según la fiscalización, estos acuerdos irregulares involucran $613 millones de recursos fiscales y en ellos las autoridades eludieron la Ley N° 19.886 sobre bases de contratos administrativos del Estado”, detalló el citado medio.

Asimismo, se reveló que “otro de los cargos se refiere a la nula existencia de rendiciones de cuentas de los recursos municipales traspasados a Achifarp y desórdenes en la documentación que sustenta los supuestos gastos rendidos por el organismo”.

El informe final de Contraloría también detectó irregularidades en el contrato firmado por Achifarp con la Universidad de Concepción para la fabricación del polémico medicamento Interferón que supuestamente servía para enfrentar al Covid-19. La asociación sólo transfirió $25 millones de los $245 millones que había comprometido.

Arriesga ser destituido

En la formulación de cargos, al alcalde Jadue se le levantaron tres reproches por la suscripción y aprobación de convenios irregulares que eluden la ley y falta de control.

“Una vez estén los descargos de Jadue y sus estrechos colaboradores, la Contraloría podría proponer sanciones (...) En el caso del alcalde de Recoleta, el destino de su gestión recae en el concejo municipal. Si al finalizar el sumario se acredita finalmente las graves infracciones a la probidad que se han detectado, los ediles podrán llevar el caso al Tribunal Electoral Regional (TER) y solicitar su destitución”, precisó LT.

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