Cuando un funcionario público realiza un favor a otra persona a cambio de un soborno (puede ser en especies, dinero u otro favor), incurre en una actividad ilegal llamada cohecho.
Desde 2016 se debate en el Congreso un proyecto de ley que busca tipificar de mejor forma y endurecer las sanciones para estos casos y otros tipos de corrupción.
Se han logrado acuerdos respecto de las nuevas penas, pero hay un punto que ha sacado ronchas: terminar con la necesidad de que para que se compruebe el delito de cohecho se deba establecer, además de la obtención de un beneficio económico, la existencia de una contraprestación (un favor de vuelta) como consecuencia del pago recibido.
La semana pasada, una indicación al respecto fue rechazada por la Comisión Mixta que estudia el proyecto. Sin embargo, días después se generó un inesperado vuelco luego de que se alcanzara un acuerdo entre el gobierno y la oposición.
Así, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se abrió a una nueva indicación propuesta por los parlamentarios Leonardo Soto (PS), Francisco Huenchumilla (DC), Catalina Pérez (RD) y Gabriel Silber (DC), la que establece que el delito de cohecho podrá acreditarse sin la necesidad de probar que se obtuvo un favor de vuelta por los pagos irregulares, pero con algunos matices.
"El Ejecutivo no va a tener ningún problema en que se apruebe desde ya (la indicación), habiéndose aclarado que no va a influir en los juicios actuales", como Corpesca o SQM, señaló el martes el ministro Larraín luego de que sesionara la comisión.
El diputado Leonardo Soto (PS ) explicó a Sábado que "como ocurrió en Argentina, si descubren a un ministro en su gabinete con varios maletines llenos de dinero, con ese sólo hecho estaría probado el cohecho. Si a un policía se le entrega un sobre con dinero desde una empresa en razón del cargo que él tiene, se probaría el delito sin necesidad de esperar el favor que viene de vuelta. Esto habría permitido que el exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner, que recibió 42 millones de pesos durante más de un año, habría terminado en la cárcel y no en libertad".
El senador Víctor Pérez (UDI), destaca que esta nueva propuesta facilitará la tarea de los fiscales, ya que habrá un menor esfuerzo para acreditar el delito.
Lo que se establece
- Hoy las penas van desde 61 a 540 días, con un máximo de 3 años de cárcel en el caso de cohecho agravado. La propuesta establece 541 días a 5 años de presidio; mientras que si son conductas agravadas será de 3 a 10 años.
- Las multas también se duplican: actualmente están entre el 50% y el 100% del beneficio obtenido, de aprobarse será entre el 100% y el 200%.
- En el caso que exista condena por cohecho agravado, la persona tendrá inhabilidad de por vida para ejercer cargos públicos y una pena efectiva de cárcel.
- Con la indicación aprobada el martes, se establece que basta con probar el beneficio económico recibido por un funcionario público para establecer el cohecho.
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