“Antes yo los veía barriendo afuera. Por lo menos en ese tiempo los sacaban a barrer afuera, pero con un guardia eso sí”, copuchó Carmen Silva, la dueña del quiosco donde un reo de la cárcel de Santa Cruz supuestamente fue a comprar dulces enviado por el alcaide de la prisión.
La historia se hizo conocida después de que un gendarme grabara dos videos, desde el interior del penal, en el que se ve al reo Juan Francisco Farías, condenado a diez años de presidio, presuntamente mandado a comprar por el mandamás del presidio y luego recibiendo los confites. En el segundo video, el interno que lleva dos años cumpliendo pena, le lava el auto al capo de la cárcel.
Como el uniformado no quiso quedar de sapo, habría ubicado a los titanes de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) de la Región de O’Higgins, para que ellos hicieran la denuncia. Y así lo hizo Marcelo Vergara, el secretario de la entidad.
“Es un hecho totalmente grave ya que en ningún momento Gendarmería puede estar sacando internos hasta el exterior de la unidad y menos a lavar el auto de algún funcionario y tampoco está permitido lo que claramente sale en el video que lo manden a comprar, siendo más encima un interno que está condenado a 10 años por robo con violencia”, expresó Vergara.
“Más encima lleva recién dos años de su condena, le faltan ocho años todavía y el consejo es el único que lo puede autorizar a trabajar como mozo, no a salir de la unidad, porque en el video se ve que sale y eso no puede ser, no está permitido en Gendarmería de Chile”, agregó.
El asunto escaló como si fuera un reo trepando murallas en busca de su libertad, y fue el mismo Coronel Leonardo Barrientos, director regional (S) de Gendarmería quien informó que una vez que se enteraron de los videos, pidió que se constituyera una Fiscalía Administrativa “para indagar la efectividad de la denuncia. En el desarrollo del día el fiscal me confirmó que había decidido suspender al Alcaide, para entregar transparencia en la investigación”, dijo.
Sostuvo que “son malas prácticas, que de comprobarse tienen que ser sancionadas, si bien es cierto ellos están cumpliendo una condena, son usuarios de nuestro sistema, pero no podemos amparar que internos que no tengan algún beneficio salgan a la calle sin la respectiva custodia o en su defecto cumpliendo funciones que no corresponden a la situación de usuario del sistema”.