Asesores, funcionarios de gobierno, médicos, miembros del GAP y funcionarios de Investigaciones fueron arrestados y derivados al regimiento Tacna. 23 de ellos posteriormente serían llevados hasta un foso para su fusilamiento y desaparición. Pedro Espinoza juró a sus soldados que el hecho nunca sería conocido.
La jornada del 11 de septiembre de 1973 marcó el inicio de un duelo permanente para muchas familias: las detenciones y secuestros que terminaron dando pie a la larga lista de detenidos desaparecidos en el país. Definir cuál fue el primer caso es imposible, ya que hubo detenciones en todo el país, sin embargo podemos concordar que hay un emblema que lo marcó a todo: lo que ocurrió en el palacio presidencial.
El oscuro proceso comenzó al alba, una vez que Orlando Letelier, por entonces ministro de Defensa, se convirtiese en el primer alto funcionario en caer en las manos del Ejército. Luego sería trasladado a Isla Dawson, exiliado y asesinado con un bombazo en suelo de Estados Unidos.
En tanto, tras el bombardeo a La Moneda, y mientras los enfrentamientos y detenciones se multiplicaban, el presidente Salvador Allende envió a Osvaldo Puccio, hijo de su secretario personal, Fernando Flores, ministro Secretario General de Gobierno, y Daniel Vergara, subsecretario del Interior, para reunirse con los generales, pero también terminaron siendo arrestados. Todos ellos fueron detenidos, torturados y enviados a lugares como isla Dawson para luego ser mandados al exilio.
Según constaba en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, también conocido como informe Rettig, desde el interior de La Moneda, una vez que se concretó la muerte de Salvador Allende y la irrupción de los militares, miembros heridos del dispositivo de seguridad del presidente fueron conducidos hasta la Posta Central, para luego ser removidos y sus paraderos desconocidos.
Esos fueron los casos de dos miembros del Grupo de Amigos Personales (GAP), el carpintero Antonio Aguirre Vásquez, inmortalizado por su defensa desde el balcón del Palacio Presidencial, y el ayudante mueblista Osvaldo Ramos Rivera.
A ellos se suma el gran grupo de personas que abandonó La Moneda por la Puerta de calle Morandé #80, incluyendo a la secretaria de Allende, Miria “La Payita” Contreras, junto a decenas de asesores del Presidente, integrantes del GAP, médicos y más de una decena de funcionarios del Servicio de Investigaciones, quienes fueron encañonados y tuvieron que tenderse en la vereda.
La mayor parte de los médicos fue liberado. Del resto, la mayoría serían trasladados al Regimiento Tacba, mientras que La Payita fue derivada a la Posta Central y logró recibir ayuda.
Posteriormente, los funcionarios de investigaciones serían liberados tras llegar al regimiento, una suerte que no corrió el médico Eduardo Paredes, exdirector de Investigaciones.
Para él, y los más cercanos del Presidente Allende, los militares tenían otro destino en mente.
Del regimiento Tacna al campo militar de Peldehue
En total, 49 personas fueron trasladadas desde La Moneda hasta el regimiento Tacna, en donde serían golpeados y torturados por miembros de la Sección II de Inteligencia del recinto militar. Augusto Pinochet, presente en el lugar, ordenaría una acción directa contra los cercanos de Allende.
“Los vamos a fusilar a todos”, habría dicho Pinochet según una declaración entrega por Pablo Zepeda Camilliere, quien logró salvar con vida del regimiento.
El 13 de septiembre de 1973, dos días después del golpe, 23 personas fueron trasladadas hasta el campo militar “Fuerte Arteaga” de Peldehue. Luego las ataron de pies y manos con alambre y serían subidas a un camión Pegaso.
La comitiva de la muerte fue seguida de cerca por jeeps y una camioneta en la que viaja el mayor Pedro Espinoza, responsable de dirigir los fusilamientos que habían sido ordenados por Pinochet. Con el tiempo, el militar terminaría siendo parte de las acciones de “La Caravana de la Muerte” e instalándose como subjefe de la DINA comandada por Manuel Contreras.
Ante toda aquella situación la reconstrucción de las declaraciones de los implicados ha dado cuenta de que, en el camino a la ejecución, uno de los arrestados intentó sublevarse, pero fue reducido a disparos por uno de los militares. Su nombre nunca sería identificado.
Asimismo, también se reportó que el subteniente Jorge Herrera López inició la matanza frente a un pozo seco. Luego, una a una las personas detenidas recibirían los disparos de ametralladora por la espalda mientras decían sus últimas consignas.
Fueron acciones de fusilamiento en las que también participaron el subteniente Servando Maureira, el suboficial Alfonso Cerón - quien condujo el camión - y el cabo Bernardo Soto. En el proceso también participan el suboficial Teobaldo Mendoza Vicencio, el sargento armero Juan Riquelme Silva y los cabos Manuel Gamboa Álvarez y Eliseo Cornejo Escobedo, quien condujo uno de los jeeps.
En los últimos momentos del fusilamiento, el mayor Espinoza, al ser informado de que aún habían algunas personas vivas, ordenaría una acción final: lanzar granadas al pozo. Aquel estallido final provocó que las paredes se desmoronasen y parte de los restos mortuorios fuesen destruidos y sepultados. El pozo luego sería rellenado por los propios militares.
Tras las ejecuciones, Pedro Espinoza habría dicho que los actos se habrían llevado a cabo “por el bien de la Patria”. Más aún, prometió a los soldados que nada les sucedería, ya que nunca se sabría lo ocurrido.
En 2018, 45 años después de los asesinatos, Espinoza sería condenado a 20 años de prisión por los crímenes. Herrera (ya fallecido) y Maureira fueron condenados a 9 años, mientras que Soto fue condenado a 7 años y Cerón a 5. El resto de militares presentes ese día - Teobaldo Mendoza Vicencio, Eliseo Cornejo Escobedo y Jorge Gamboa - también fueron condenados.
A la fecha, la Corte Suprema revisa los recursos de casación presentados por la defensa de seis militares. Pero la historia no termina ahí.
El retiro de televisores
En la antesala de la Navidad de 1978, el cabo Eliseo Cornejo, quien conducía uno de los jeeps, fue convocado por el entonces coronel Ricardo Canales Varas, comandante del regimiento Tacna, para que revelase la ubicación de los cuerpos al general Enrique Morel Donoso, comandante de la II División del Ejército.
Aquel fue el comienzo de la denominada Operación Retiro de Televisores. Es decir, la remoción de los cuerpos, impulsada por el revuelo causado por el hallazgo de 15 cuerpos de campesinos asesinados en Lonquén.
De ese modo, en el marco de las celebraciones navideñas, los cuerpos de aquellos que fueron arrestados en La Moneda serían removidos y enviados al océano, a 10 millas de San Antonio, en las costas de la Quinta Región.
Más de veinte años después, gracias a información presente en un informe de las Fuerza Armadas, que solo fue entregado tras una mesa de diálogo de derechos humanos, se logró llegar al pozo de la matanza en marzo de 2001.
En el lugar se recogieron alrededor de 500 pequeñas piezas óseas que aún permanecían en el lugar de los asesinatos. A partir de ahí, los peritajes de ADN terminarían permitiendo la identificación de 15 de las 23 personas desaparecidas, incluyendo a Jaime Barrios Meza, exgerente general del Banco Central.
Entre las personas que nunca han sido identificadas se encuentran Eduardo Paredes junto al periodista Sergio Contreras, el jefe de gabinete del subsecretario del Interior Daniel Escobar, el intendente de Palacio Enrique Huerta, el Subsecretario General de Gobierno Arsenio Poupin, el GAP Daniel Gutiérrez y los guardias presidenciales José Freire y Oscar Valladares.
En 2009 la Corte Suprema ratificaría las condenas por el delito de exhumación ilegal a todos los oficiales y soldados involucrados en el desentierro, incluyendo al general Fernando Darrigrandi Márquez, comandante del comando de Aviación del Ejército en 1978, y el suboficial Cornejo que condujo a los militares hasta el lugar de remoción.
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