Un grupo de nueve ex militares, condenados por violaciones a los derechos humanos, y que habían anunciado el inicio de una huelga de hambre "irrenunciable e indeclinable" durante las primeras horas de este lunes, depusieron la medida.
Según contó una persona cercana a los detenidos, los ex uniformados habrían llegado a un principio de acuerdo con Gendarmería para revisar su situación en Punta Peuco, por lo que la huelga no habría superado la hora.
A primeras horas de este martes, los ex oficiales habían enviado una "carta" a algunos medios de comunicación, donde señalaban que se consideran "presos políticos militares".
En la misiva, exigían que se otorgue "inmediata libertad a todos los suboficiales y empleados civiles presos" a través de la modificación de sus penas; además piden que a todos los condenados se les aplique una pena única y máxima de diez años de prisión, "para aquellos casos que el monto de las mismas sea igual o superior a aquella cantidad de años, o se tratare de presidio perpetuo".
En este punto, precisan que piden igualdad respecto de 282 presos políticos cuyas penas fueron conmutadas durante los gobiernos de los ex Presidentes Patricio Aylwin (1990-1994) y Ricardo Lagos (2000-2006).
Los ex militares sostienen que existe una "injusta segregación contra los presos políticos militares", al estar al margen de "beneficios intrapenitenciarios ni de libertad condicional", pese a considerar que reúnen los requisitos para ello".
Los firmantes del documento, que precisan que en adelante sólo ingerirán algunos líquidos, son encabezados por el general retirado Raúl Iturriaga Neumann, condenado por el homicidio del general Carlos Prats, ex jefe del Ejército, y de su esposa, cometido en Buenos Aires en septiembre de 1974.
También firman los ex brigadieres Fernando Polanco, José Zara y Christoph Willike, los dos últimos condenados también por el caso Prats y el primero por el homicidio del ciudadano argentino Ernesto Lejderman.
Otros son el coronel Juan Morales Salgado, también sentenciado por el caso Prats; el teniente coronel Emilio Neira Donoso, condenado por la ejecución de doce militantes de izquierda en 1987; el ex capitán Jorge Vargas Bories, condenado por el crimen del periodista José Carrasco Tapia en 1986.
Los restantes son el ex mayor Carlos Herrera Jiménez, condenado a dos cadenas perpetuas por los homicidios del líder sindical Tucapel Jiménez y de un carpintero el teniente de la Marina Sergio Rivera, condenado por el crimen de un campesino en el sur de Chile.
El punto destacado de la carta, es que por primera vez de forma pública y explícita, reconocen su responsabilidad y autoría en crímenes contra los derechos humanos.
