Además, junto a su equipo, decidieron poner énfasis en auditorías a municipios y gobiernos regionales.
Fue el lunes 20 de agosto de 2018 cuando el entonces contralor Jorge Bermúdez le pidió la renuncia a la subcontralora Dorothy Pérez.
La abogada, que había sido citada como testigo en la investigación del fraude en Carabineros, se negó a dejar su cargo y se generó un litigio que llegó hasta la Corte Suprema.
Luego de ganar este gallito, Pérez se mantuvo en el organismo hasta llegar a lo más alto: este lunes 18 de diciembre, hizo su llegada triunfal al edificio de Teatinos 56 como contralora general de la República subrogante.
Según reveló La Tercera PM, su primera medida fue pedir la renuncia del jefe de gabinete Tomás Mackenney. Luego, dictó dos resoluciones en las que restructura por completo el funcionamiento del organismo.
Una de ellas cuestiona la gran cantidad de funcionarios que existían en la “era Bermúdez” en la jefatura de gabinete, por lo que decidió pasar de 9 unidades a sólo tres.
“Del análisis organizacional efectuado, se advierte que el Gabinete y la Secretaria General, para las labores de apoyo o soporte que realizan cuentan con una dotación de 363 personas con 42 jefaturas, en tanto que existen Unidades Jurídicas Regionales que solo cuentan con 2 ó 3 abogadas u abogados cada una, para atender todas las consultas legales de los servicios públicos y de la ciudadanía, en sus respectivas regiones. Asimismo, existen Unidades de Control Externo a nivel regional, que solo cuentan con 8 fiscalizadores, para examinar y controlar todas las entidades y recursos públicos en sus respectivas regiones”, se lee en la resolución.
Tiemblan los municipios
Aprovechando además la contingencia, Pérez y su equipo decidieron poner énfasis en auditorías a municipios y gobiernos regionales.
“Tres dependencias de la Contraloría General cuentan con cerca de 60 jefaturas superiores e intermedias a cargo de equipos de trabajo cuyas labores son principalmente de soporte y coordinación. Es decir, realizan tareas diversas de las actividades sustantivas de línea y esenciales de control que la Constitución y la ley mandatan realizar, por lo que se debe modificar la estructura organizacional, a fin de optimizar el uso de los recursos humanos y técnicos disponibles, para el cumplimiento directo de las funciones institucionales, y de manera que también resulte mas coherente con el proceso de descentralización del país”, se lee en los argumentos de Pérez.
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