Los dos sujetos recibieron dos millones en efectivo a cambio de entregar detalles de la investigación a Domingo Jalil, socio directo de Parived en el bullado caso Relojes. Ahora, acusados de entorpecer las indagatorias e incluso ponerlas en riesgo, recibieron duras penas.
Ahora exdetectives de la PDI, el subprefecto Cristian González Arancibia —jefe del cuartel de la Jefatura Nacional de Migración y Policía Internacional (Jenamig)— y el subcomisario Mauricio Jorquera Gallardo —jefe de grupo de la Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones de Chile— son protagonistas del caso que a día de hoy remece a la organización, condenados por cohecho.
Ambos, según dio a conocer un detallado reportaje BioBioChile, eran los soplones de Domingo Jalil Allel, socio de Parived, imputado en el mediático Caso Relojes, quien llevaba tiempo enterado de las diligencias investigativas de la policía. A cambio, claro, de cuantiosas sumas de dinero.
Jalil —conocido en el ambiente como Rey del artificio, traficante de pirotecnia ligado a organizaciones criminales y barrabravas— se comunicaba con los dos funcionarios por medio de Juan Manuel López Totoricagüena.
Él, un comerciante capitalino, confesó todo al fiscal de Pudahuel Eduardo Baeza. Concretamente, que se reunió con el subprefecto y el subcomisario entre marzo y abril de 2020 para ultimar el detalle de los pagos que concretaría luego Jalil para obtener la información privilegiada. Por supuesto, después se encargó de establecer contacto con el hombre de la pirotecnia para hacérselo saber.
Así las cosas, a fines de abril todas las partes involucradas se vieron las caras por vez primera, y allí fue que González y Jorquera notificaron a Jalil que era investigado por el delito de lavado de activos.
Desde junio, hay otro imputado en escena: un tal David Gómez Espinoza. Al igual que López, firma la sentencia, la mañana del jueves 4 el sujeto coordinó una llamada que facilitó un encuentro entre los implicados. Entonces, pasado el mediodía y al interior de su automóvil, los funcionarios entregaron todos los detalles de la investigación. Instancia que se repitió culminando ese mismo mes, en una bodega emplazada en San Bernardo.
“La información proporcionada a Domingo Jalil Allel fue de tal entidad”, dice el documento judicial al que tuvo acceso BBCL, “que el día 12 de junio de 2020, se comunicó con Lorena Prado, madre de un hijo en común, para informarle que tenía pleno conocimiento de los hechos y delitos por los que estaba siendo investigado”. También manejaba “las diligencias realizadas por parte de los funcionarios policiales” y “blancos investigados”, entre otros elementos.
Todos esos datos permitieron a Domingo Jalil ocultar sus bienes y comunicarle a otros imputados —Marco López Spagui (Parived), Estrella Dinamarca Sánchez y Jaime Quiroz Jara— los pormenores de la investigación.
La expareja de Tonka Tomicic, por si quedaba alguna duda, admitió su vínculo con Jalil en una declaración prestada ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Allí, en pocas palabras, puntualizó que lo requirió para financiar algunas facturas. Dijo: “Me prestó dinero y luego yo tenía que pagarlo. En ocasiones tuve que prorrogar algunos pagos y terminé de pagarle durante el tiempo de la pandemia”.
Contrastado su testimonio con escuchas telefónicas, el gurú espiritual precisó que “mi única relación con Domingo era pagar o pedir dinero y él preguntaba cuándo era posible pagarle y cuánto”.
Las penas para los soplones
En vista de todo lo anterior, se estimó que Cristian González y Mauricio Jorquera comprometieron la investigación, tanto su avance como el éxito de la misma.
De modo que, tras confirmar que cada uno de ellos recibió dos millones de pesos en efectivo por concepto de coimas, el Primer Juzgado de Garantía de Santiago los condenó por los delitos de divulgación de secreto y cohecho.
En el caso puntual de Jorquera, recoge BioBioChile, fue sentenciado a cinco años de presidio menor en su grado máximo, además del pago de una multa a beneficio fiscal por casi $4 millones. En cambio González tendrá una pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo y una multa en idénticos términos.
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