Portando carteles con fotos de sus seres queridos fallecidos, familiares de las víctimas del 27F interrumpieron la audiencia que buscaba la suspensión condicional para los imputados del Caso Tsunami.
Las personas hicieron presente su molestia con la dirección que ha tomado la investigación, que luego de seis años, pretendía entregarles una indemnización de 245 millones a familiares de poco más de un centenar de víctimas (unos dos millones por cada uno) y suspender el proceso contra los seis imputados.
Los familiares y sus abogados pedían un juicio oral, decisión que fue postergada por la jueza Carolina Gallardo hasta el próximo 4 de abril, ya que aún faltaban 17 familias afectadas por notificar.
Estaban a punto de finalizar la audiencia cuando familiares de las víctimas, interrumpieron la sesión en medio de peticiones de "Justicia".
Pese a que la jueza les explicó que más adelante tendrían su espacio para dar a conocer sus puntos de vista, y a que los abogados de los imputados insistían en que desalojaran la sala, tres familiares expresaron su descontento con lo que estaba ocurriendo.
"En cualquier país civilizado toda esta gente estaría tras las rejas", señaló uno de los familiares en medio de la audiencia, mientras que otro indicó que "están defendiendo lo indefendible, la ineptitud de los empleados públicos del país. Los únicos que salvaron gente fueron los Bomberos y estos señores no han sido capaces de pedirnos disculpas".
"No me hable de respeto. Yo perdí a mi hijo", señaló entre lágrimas una de las madres sosteniendo la foto de su hijo de cuatro años que perdió la vida en el tsunami.
Perdón
Luciano Fouillioux, abogado defensor de la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, se mostró conforme con el aplazamiento y aseguró que "nos parece importante que para darle integridad al procedimiento pueda ser emplazada la víctima que no tiene abogado querellante".
Por su litro, Juan Aros, una de las personas que interrumpió la audiencia, y quien perdió a su madre y una tía, señaló en las afueras del Centro de Justicia que "en Chile sólo hay una institución que respondió a cabalidad y fueron los bomberos, y las personas que estaban encargadas de la Onemi y el Shoa no estuvieron a la altura de lo que les correspondía. Primero que nada deben asumir su error y luego pagar de acuerdo a lo que indiquen los procedimientos judiciales".
Aros está aún más molesto porque asegura que los imputados "no le han dicho a ninguna de las víctimas perdonen por el error cometido, que era lo que correspondía".
El abogado querellante, Raúl Meza, que representa a las víctimas, indicó que "lo que ha dado cuenta esta audiencia es de una absoluta improvisación de parte del Ministerio Público porque hay una serie de víctimas que no están debidamente emplazadas".
Sobre la manifestación de las víctimas, agregó que "se expresaron y como dijo una de ellas, en seis años no han sido escuchadas. Hay un fiscal que no lleva más de 50 días en el ejercicio de su cargo y ha tomado la decisión de darle muerte a esta causa a espaldas de las víctimas".
Familias de Constitución llegaron en bus
Los familiares de las víctimas del tsunami en Constitución llegaron en patota a manifestarse durante la jornada de ayer al Centro de Justicia.
Los chiquillos llegaron todos juntos en un bus dispuesto por el alcalde Carlos Valenzuela, a las 5.15 al lugar.
La vocera de las familias, María Contreras, quien perdió a su hijo Felipe, explicó que "no queremos plata, queremos justicia. Acá hay vecinos que perdieron a sus hijos, sus parejas, sus padres, además de sus casas. Venimos a hacer bulla hasta acá porque ya llevamos 6 años y nadie nos escucha".
Contreras cuenta que lo que los complica aún más es que "hace un mes nos cambiaron a la fiscal Solange Huerta por uno nuevo que nos hace una proposición que no nos sirve. Hay un monto de 245 millones de pesos que al repartirlo entre todas las familias no van a ser más de 40 lucas, que no alcanzan para nada".
