La declaración que Felipe Sánchez entregó a la PDI salió a la luz, planteando que fue contactado por los propios funcionarios de la municipalidad bajo la convocatoria de la alcaldesa Hassler. Dijo que la edil le entregó la oferta del trato y que inclusive le pidieron postergar sus vacaciones para cerrar la venta.
Durante su declaración ante oficiales de la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la PDI, el propietario de la inmobiliaria San Valentino, Felipe Sánchez, planteó que la reunión con los representantes de la municipalidad de Santiago, para la compra de la exclínica Sierra Bella, fue convocada por la alcaldesa Irací Hassler (PC).
La polémica en torno al trato entre la inmobiliaria y la municipalidad radica en el hecho de que Sánchez compró el terreno de Sierra Bella por $2 mil millones de pesos, luego de que la clínica fuese puesta a la venta por una solicitud de quiebra forzosa, y posteriormente se negoció un valor de $8.200 millones. Lo anterior se debió a que Santiago buscaba crear su primera clínica municipal.
Según la declaración de Sánchez, la primera reunión con Iraci se concretó el 5 de diciembre de 2022, lo que dio pie a una primera visita completa a las instalaciones.
“Me llamó mucho la atención que la alcaldesa con su equipo de comunicación, anunciaron en ese momento la posible adquisición, siendo una etapa bien prematura del proceso. En este mismo momento, la Alcaldesa le habla a sus acompañantes, a viva voz, tipo declaración, que estaba a la espera de sus valoraciones y que era de todo su deseo llegar un acuerdo para adquirir el establecimiento”, dijo a los oficiales de la PDI según consta en La Tercera.
Una oferta millonaria
De acuerdo a Sánchez, 15 días después de la primera visita de la alcaldesa recibieron una primera oferta, que por su parte fue rechazada porque no alcanzaba a los montos de su tasación externa, y luego le pusieron sobre la mesa 234.124 UF, lo que terminó aceptando.
En ese escenario, el dueño de la inmobiliaria dijo que no se les proporcionó un acta de la reunión, ya que no se realizó bajo los parámetros de la Ley de Lobby, y en su lugar solicitaron una carta oferta.
También en su declaración mencionó las dificultades en su relación con Jean Pierre Chifelle, jefe jurídico de la municipalidad, y Luis Mayorga, exjefe de la Secretaría de Planificación encargado de la tasación, alegando que Chifelle presionó para acelerar la compra-venta, incluso sugiriendo que Sánchez pospusiese sus vacaciones.
Además abordó las tasaciones realizadas por los funcionarios contratados por la municipalidad, señalando que la funcionaria Loreto Fernández, de la la Corporación de Desarrollo de Santiago, estuvo presente durante la visita de los tasadores y luego le envió mensajes solicitando información técnica.
Por otro lado, el propietario expresó que los problemas derivados de esta situación le han ocasionado costos personales, familiares y comerciales, y considera que la alcaldesa debió solicitar nuevos informes y tasaciones para respaldar la compra. A pesar de haber adquirido las instalaciones, Sánchez también recalcó que aún no las ha utilizado debido a los problemas asociados y destacó la importancia de respetar los contratos entre las partes involucradas.
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