El ejecutivo de Volkswagen AG Oliver Schmidt se declaró el viernes culpable ante un tribunal de distrito de Detroit por el escándalo de emisiones de vehículos diésel que costó a la automotriz alemana hasta 25.000 millones de dólares.
Bajo un acuerdo de admisión de culpabilidad, Schmidt se enfrenta a hasta siete años de prisión y una multa de entre 40.000 y 400.000 dólares tras admitir que conspiró para engañar a los reguladores estadounidenses y violar la legislación medioambiental. Su sentencia se conocerá el 6 de diciembre.
En marzo, Volkswagen se declaró culpable de tres cargos en virtud de un acuerdo para zanjar las acusaciones que apuntaban a que instaló un software secreto en los automóviles para evadir las pruebas de emisiones. Los fiscales presentaron acusaciones contra ocho ejecutivos actuales y antiguos de la firma.
En un principio, Schmidt fue acusado de 11 cargos y fiscales federales indicaron que podría afrontar una condena de hasta 169 años de cárcel. Como parte de su acuerdo, los fiscales accedieron a desestimar la mayoría de los cargos y Schmidt aceptó ser deportado al final de su sentencia de prisión.
EL ACUERDO DEL EJECUTIVO
Según el acuerdo, tras ser informado de la existencia del software en el verano boreal de 2015, Schmidt conspiró con otros ejecutivos para evitar revelar un "engaño intencional" por parte de la automotriz en un intento por obtener la aprobación regulatoria de sus autos diésel en 2016.
Durante ese periodo, Schmidt trabajaba en la sede central de la firma en Wolfsburgo, Alemania, como "uno de los tres subordinados" del director de desarrollo de motores. Fue arrestado cuando viajó a Estados Unidos a principios de enero.
Volkswagen dijo el viernes que "sigue cooperando con las investigaciones del Departamento de Justicia sobre la conducta de individuos. No sería apropiado comentar investigaciones en marcha o discutir asuntos personales".
Como parte del acuerdo, Volkswagen acordó pagar hasta 25.000 millones de dólares en Estados Unidos para resolver los reclamos de propietarios y reguladores sobre los vehículos diésel contaminantes y ofreció recomprar unos 500.000 autos.
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