En los últimos cinco años, el mecanismo que permite a los extranjeros retirar el dinero de sus cuentas de ahorro previsional aumentó en casi un 200%. El problema de todo esto es que varios de ellos aprendieron cómo sortear las exigencias que la misma ley determina y suelen repetirse el plato.
En Chile, una ley permite a los extranjeros que cumplan con una serie de requisitos hacer retiro de los fondos que acumulen en sus cuentas de ahorro previsional obligatorio. Promulgada en la dictadura de Augusto Pinochet, a mediados de 1982 y actualizada en 1988, esta iniciativa tenía como objetivo primordial presentar a nuestro país como un destino atractivo para técnicos o profesionales que pudieran venir a trabajar por un tiempo determinado, de modo de compartir sus conocimientos y así impulsar el desarrollo en diferentes campos. Después de todo, al no jubilar aquí, no habría problemas en que se llevaran lo que se les descontó por concepto de AFP.
El asunto, sin embargo, es que de un tiempo a esta parte, son más de 31 mil los foráneos que se han valido del beneficio y al menos 166 de ellos han aprovechado un “agujero legal” para repetirse el plato las veces que han querido. Un aumento explosivo que, en cifras que entregó BioBioChile, ha implicado entre enero de 2019 y diciembre de 2023 una devolución que supera los $186.609 millones, unos 190 millones de dólares americanos.
De hecho, precisa el medio, en 2019 se ejecutaron 5.208 retiros por parte de extranjeros, pero en 2023 el monto escaló a 15.482. En resumidas cuentas, casi un 200% más.
Esto último ha supuesto que, desde ya hace algunos meses, el mecanismo de devolución para los foráneos sea un tema a discutir para las autoridades, sobre todo después de que se comprobara lo dicho antes: que algunos de ellos abusan del sistema. En la práctica, retiran el fondo en más de una ocasión, y sin embargo, continúan desempeñándose en el territorio nacional, incluso en algunos casos hasta obtener su jubilación.
Para ilustrar, de acuerdo a los números que entregó la Superintendencia de Pensiones, se estima que en los últimos cinco años se han concretado 36.722 retiros de fondos previsionales que han ido a parar a 31.693 cuentas corrientes. Es decir, apenas 166 personas se reparten 4.925 de esas devoluciones. ¿Cómo lo hacen? De momento, no hay una fórmula que permita comprobar a ciencia cierta que los beneficiados, después de sacar el dinero, retornen a su país de origen.
Los datos también indican que quienes más han retirado son los ciudadanos venezolanos, en 7.486 ocasiones. Le siguen los colombianos (2.404), peruanos (1.816), españoles (326), brasileños (267), ecuatorianos (230), argentinos (154) y cierran la lista los haitianos (125). Entre otros países se dividen 13.421 casos y hay 5.464 sin información.
Subraya BioBioChile que esto podría deberse al tutorial que compartió una usuaria de TikTok y del que prácticamente está formando un negocio. Si bien no la nombra directamente, se trata de un perfil con 9 mil seguidores y más de 37 mil likes en el que difunde instrucciones precisas para hacer el retiro de fondos de las AFP y responde toda clase de preguntas. Además, ofrece asesorías personalizadas. Cobra $20 mil pesos por sesión, cifra que aumenta a $50 mil por hacer ella misma los trámites.
¿Cuáles son los requisitos y quiénes fiscalizan?
El primer requisito, acaso el más importante, es que la persona haya realizado sus estudios, ya sea de una carrera técnica o profesional, en su propio país. Ese título debe presentarse ante la AFP llegada la hora del retiro. Una documentación que, sin embargo, es difícil de verificar al 100%, salvo cuando se trata de un ciudadano peruano, gracias a los convenios que existen con ese país para comprobar informaciones de esta clase.
Después, la ley puntualiza:
- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.
- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.
Consultados por BBCL, quienes llevan adelante las fiscalizaciones son, por una parte, la Superintendencia de Pensiones —que tiene la responsabilidad de “verificar que las administradoras de fondos de pensiones apliquen los controles necesarios para validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley en este caso y que el proceso se realice adecuadamente, en tiempo y forma— y por otra, la Dirección del Trabajo. Desde allí, hasta ahora, le comentaron al medio citado que “en dos fiscalizaciones realizadas por la DT no se cursaron multas por este motivo y no hay denuncias ingresadas al respecto”.
En lo que respecta a la Subsecretaría de Previsión Social, no se han referido a este incipiente problema.
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