La revisión de los expertos hace referencia específicamente a América Latina y la crisis de seguridad que viven distintos territorios de la región.
El mandatario Nayib Nukele celebró a inicios de febrero como ganador de las elecciones presidenciales de El Salvador.
De esta manera, el líder del Partido Nuevas Ideas se aseguró cinco años más como jefe de Estado, por lo que terminará su segundo periodo en 2029.
Pese a que los resultados oficiales le dieron aplastante victoria en las urnas, su oposición y organizaciones como Human Rights Watch han cuestionado cómo se dio el proceso.
Es claro que los cuestionamientos en torno a la figura Bukele no son recientes. Tanto detractores como simpatizantes han manifestado ampliamente los motivos detrás de sus posturas.
En medio de estas discusiones, uno de los temas a los que más se hace referencia es a la seguridad.
Quienes lo apoyan, valoran que durante su mandato ha tomado múltiples medidas para combatir a las maras, en una “guerra contra las pandillas” que incluso lo llevó a decretar un régimen de excepción en 2022.
A través de esto último, las fuerzas salvadoreñas arrestaron a más de 75.000 personas por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
Junto con ello, también estrenó una “megacárcel” llamada CECOT, construida especialmente para recluir a los delincuentes más peligrosos.
No obstante, distintas organizaciones han advertido que la policía ha detenido a personas arbitrariamente y que se han vulnerado los Derechos Humanos en los centros de detención.
Aún así, sus defensores resaltan cómo un país que en 2015 se presentaba como el con más asesinatos per cápita en el mundo pasó a ser un territorio en el que, al menos, ahora los ciudadanos pueden caminar por sectores que antes eran controlados por pandillas.
Aquello también ha tenido repercusiones en el escenario internacional.
Respecto a Chile, la encuesta CADEM publicada en enero de 2024 informó que un 85% de los consultados tenía conocimiento de quién es, mientras que un 78% aseguró tener una imagen positiva de él.
Un fenómeno similar se vio en Ecuador, cuando varios entrevistados por la prensa sugirieron que el “método Bukele” podría ayudarlos a enfrentar las crisis de seguridad derivada de los grupos ligados al narcotráfico.
Por supuesto, tanto los casos de El Salvador, como de Chile y este último país son distintos.
Sin embargo, es claro que la seguridad es uno de los tópicos que más preocupan a la población en América Latina.
¿Es aplicable el “modelo Bukele” en otros países de la región?
Tras las elecciones de El Salvador, Will Freeman y Lucas Perelló publicaron en el New York Times un ensayo en el que se refirieron a esta temática.
El primero es especialista en estudios latinoamericanos y se desempeña como investigador del crimen organizado y la democracia. Por otro lado, el segundo es académico de ciencias políticas en el Marist College.
En su análisis, los expertos parten desde la premisa de que un “modelo Bukele” para controlar el crimen organizado no es factible en otros territorios de Latinoamérica.
Uno de sus principales argumentos tiene relación con que los grupos delictivos de otros países de la región —como México, Colombia y Brasil, por nombrar algunos— cuentan con mayor poder económico, armamento y conexiones internacionales, en relación a las maras que predominaban El Salvador.
“Cuando otros gobiernos de la región han intentado acabar con los líderes de pandillas y cárteles, estos grupos no se han desmoronado. Han contraatacado, o bien han surgido nuevos para llenar rápidamente el vacío, interesados en los enormes ingresos que ofrece el comercio de drogas”, explicaron en su artículo.
A esto se le suma, según Freeman y Perelló, que cuando Bukele desató lo que llamó una “guerra” contra las pandillas “El Salvador tenía fuerzas de seguridad más profesionales” en comparación a otros territorios, las cuales tuvieron la capacidad de enfrentar a estas facciones delictivas cuando fueron convocadas.
En contraposición y a modo de ejemplo, mencionaron el caso de Honduras, en donde según distintos reportes “la corrupción propiciada por las pandillas entre las fuerzas de seguridad es un problema muy profundo”.
“Esta situación contribuyó al fracaso, desde un principio, de las acciones inspiradas en Bukele emprendidas por (la presidenta) Xiomara Castro”, enfatizaron.
Otros casos similares se han visto en México y Venezuela, en donde se ha reportado que los grupos criminales han llegado a esferas como las policías o el ejército.
“Incluso si los mandatarios enviaran soldados y policías a realizar redadas masivas como las de Bukele, es posible que las fuerzas de seguridad no estén preparadas o tengan incentivos para socavar la misión”.
Junto con ello, subrayaron en su ensayo para el Times que el presidente salvadoreño tiene una oposición política debilitada.
En este sentido, los dos principales partidos que se alternaron el poder por casi tres décadas desde 1989, el FMLN y Arena, no tienen la capacidad para “contener las acciones del nuevo presidente para establecer control sobre las instituciones públicas”.
No ocurre lo mismo en otros países de la región, en donde “hay partidos políticos más sólidos o existen fuerzas de oposición que ayudarían a exigir una rendición de cuentas a un poder ejecutivo que pretendiera extender su control”.
Es por esto que los analistas sostienen que los gobiernos que traten de adoptar un “modelo Bukele” terminarán obteniendo los problemas que tiene su mandato y no una reducción en las cifras de delincuencia, que es precisamente lo que más se destaca de su gestión.
“Los imitadores deben tener cuidado (...) no solo no funcionará, sino que en el camino, intentar hacerlo podría causar daños perdurables a la democracia”, sentenciaron Freeman y Perelló.
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