Se condenó al Fisco a pagar una indemnización total de 1.120 millones de pesos a familiares de las víctimas.
Cinco exagentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) fueron condenados este martes como autores del homicidio calificado de dos personas en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet, informó la Corte Suprema.
La Corte de Apelaciones de Santiago sentenció a Roberto Urbano Schmied Zanzi a 18 años de presidio; y a los agentes José Javier Soto, Egon Antonio Barra, Teresa del Carmen Osorio y Carlos Iván Labarca, a penas de 15 años y un día.
Los cinco condenados, indicó la Corte, estuvieron directamente implicados en la muerte de Juan Ramón Olivares y de Rubén Eduardo Orta, ambos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el 7 de noviembre de 1980.
"En horas de la madrugada del día 7 de noviembre de 1980, los indicados agentes procedieron, en avenida Santa María a la altura del puente Vivaceta, cerca del cuartel Borgoño de la CNI, a darles muerte a los detenidos, mediante disparos de balas con armas de fuego, simulando un enfrentamiento", indicó el fallo del tribunal.
Pruebas
Asimismo, desde el poder Judicial afirmaron que los condenados dejaron los cuerpos de los fallecidos en el interior de un vehículo e informaron "que la muerte de aquellos se produjo en un incidente armado, entre las víctimas y funcionarios de la CNI, advirtiendo que se intentó asaltar el cuartel de Borgoño".
Las autopsias de ambos fallecidos revelaron "gran cantidad de impactos de bala en sus cuerpos, que fueron las que ocasionaron ambas muertes", señaló la Corte en la sentencia.
El tribunal demostró que los exagentes de la CNI, la Policía secreta de Pinochet en Santiago, "se abocaron a seguir en forma separada (a ambos fallecidos) durante toda la jornada" previa.
En el aspecto civil, se condenó al Fisco a pagar una indemnización total de 1.120 millones de pesos a familiares de las víctimas.
Durante la dictadura, según cifras oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
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