A cinco días del anunciado acto, el Ejecutivo retiró el contrato con productora. De mantenerse como estaba, corrían el riesgo de que el documento fuera decretado ilegal.
En miras a la conmemoración de los 50 años del golpe militar, el gobierno alista una actividad que espera reunir a autoridades nacionales e internacionales, como también artistas y organizaciones de derechos humanos en La Moneda.
Sin embargo, a cinco días de concretarse el evento, éste no ha sido visado por Contraloría.
Según reveló La Tercera PM, el gobierno retiró desde el ente contralor el contrato de la empresa que realizaría el acto, dado que, de mantenerse como estaba, corrían el riesgo de que el documento fuera decretado ilegal.
De acuerdo a fuentes citadas por el mencionado medio, la norma legal es que la Contraloría se toma 15 días para analizar los antecedentes antes de su toma de razón.
“Generalmente, cuando los organismos públicos son ‘diligentes’ lo hacen con más tiempo de anticipación y así tener espacio para corregir observaciones. En este caso, el tiempo apremia, dado que, hasta el cierre de esta edición, a Teatinos N°56 no se había despachado nada”, precisó LT.
Cabe destacar que la productora contratada para llevar esta actividad es la conocida firma Weise y Asociados Ltda, más conocida como “La Oreja”, que suele realizar recitales y eventos masivos.
Este contrato tiene que pasar obligatoriamente por Contraloría, y ser tomado de razón, para poder llevar a cabo el acto.
Según es estipula en la resolución N°16 del ente contralor, publicado el 17 de diciembre del 2020, deberán ser ser sujetos de control legal los acuerdos “sobre aprobación de contratos para la adquisición o suministro de bienes muebles y/o de prestación de servicios por trato directo o licitación privada, cuya competencia territorial corresponda a las Contralorías Regionales de Valparaíso y del Biobío, cuando el monto supere las 8.000 UTM”.
“Interpretaciones sobre los contratos”
Como el decreto entró por Culturas, que tiene la sede central en Valparaíso, el contrato entró por la Contraloría Regional de Valparaíso, donde el umbral de gastos que tiene que ser visado por el organismo fiscalizador es de $507 millones. Es decir, todo contrato cerrado por este monto, debe tener un control legal, y eso, hasta la fecha aún no se concreta.
Desde Presidencia explicaron a La Tercera que hay diferentes interpretaciones sobre los contratos y se retiraron los decretos para subsanar las observaciones y volver a ingresarlos de mejor manera. La Moneda trabaja a contrarreloj y no sólo en terreno político, sino también legal.
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