El ente fiscalizador declaró ilegal el contrato de compra de 18 mil canastas en Arica, avaluadas en 900 millones de pesos.
El pasado 5 de junio, el senador José Miguel Insulza (PS) y el diputado Luis Rocafull (PS) denunciaron ante la Contraloría contratos irregulares y que no tenían giro en la compra de cajas de alimentos para repartir en sectores vulnerables.
En esa misma línea, se acusa al administrador regional de Arica y Parinacota, Giancarlo Baltolu, de llegar a un acuerdo previo con la empresa Tobar y Tobar Ltda. Se trata de 18 mil cajas avaluadas en 900 millones de pesos, informó La Tercera.
Además, se señala que entre esta empresa y otra más que postuló, había un acuerdo, debido a que usaron el domicilio de esta última para la entrega de cajas. En total, eran cuatro oferentes: Tobar y Tobar Ltda, Sociedad Comercial gastronómica e inversiones cifras MC-Conell Ltda, Aylin Janet Briceño Chávez y Walmart Chile S.A..
Los parlamentarios acusaron al intendente Roberto Erpel de ordenar la contratación de la empresa el pasado 15 de mayo, según ellos, haciendo un trato preferente. Por si fuera poco, la empresa de Tobar aparece domiciliado en un domicilio que no existe.
Ilegalidad
Por esta razón, el pasado 12 de junio la Contraloría declaró ilegal el contrato con la empresa Tobar y Tobar Ltda. para el suministro de canastas familiares y se inició un sumario administrativo.
La contratación de este acuerdo fue financiado con recursos provenientes del 5% de emergencia del Gobierno Regional de Arica y Parinacota.
Luego de recibir los antecedentes de la Contraloría el pasado martes, ayer en la tarde el Ministerio Público decidió abrir una causa penal para investigar presuntos delitos. El ilícito a investigar sería posible fraude al Fisco.
Debido a este caso puntual, la Contraloría está fiscalizando la transferencia de recursos en todo el país para la compra de alimentos y los tratos directos con los gobiernos regionales para la entrega de estas canastas.
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