Hijos descubrieron el maltrato con una cámara oculta.
Un grave caso de maltrato quedó al descubierto en la comuna de Tirúa, Provincia de Arauco. Una adulta mayor postrada, con discapacidad severa, estaba siendo agredida por una mujer contratada por su familia para cuidarla.
Ada Rebolledo Cifuentes (60) sufre de demencia, hidrocefalia y neurosisticercosis, además de tres trombosis y dos parálisis. Desde hace 10 años que debe mantenerse en cama y con cuidados permanentes.
Ada tuvo cuatro hijos y los crió solita. Hoy son ellos quienes se esmeran por tratarla lo mejor posible y entre todos contrataron dos cuidadoras, principalmente para los horarios en que ellos trabajan.
Hace dos años los hijos de comenzaron a notar algo extraño con su madre. “Empezó a estar triste, temerosa. Constantemente sentía dolores en el cuero cabelludo y diversos moretones, que nosotros atribuimos a su condición de postrada. Incluso, una vez tuvo una fractura en un dedo”, contó a este medio uno de sus hijos, David Santos.
“Pero nos cegamos, no queríamos pensar que estuviera pasando algo así”, explicó, refiriéndose a un posible maltrato. Tampoco obtenían respuesta de su madre, debido a su condición. “Mi mamá olvida en unos minutos las cosas que van pasando. Cuando le consultamos si recuerda si era agredida dice ‘mi cabeza está tan mala que no recuerdo ni quien me cuida’”, contó David.
Sorprendida en el acto
Sin embargo, las sospechas crecieron y un día los hijos decidieron tomar cartas. “Pusimos cámaras de vigilancia para supervisar en nuestra ausencia y descubrimos lo peor”.
Al revisar la grabación, constataron que una de las cuidadoras estaba agrediendo física y verbalmente a su progenitora. En las imágenes se ve cómo le tira el cabello repetidamente, mientras le da órdenes en tono violento.
“Reaccionamos con pena, frustrados”, lamentó David. De inmediato cortaron relación con la cuidadora y denunciaron lo ocurrido a Carabineros, desde donde remitieron los antecedentes al Ministerio Público.
Ahora los hijos de Ada esperan alguna novedad desde Fiscalía y están gestionando apoyo judicial con el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis). Mientras, buscan denunciar públicamente lo ocurrido y generar conciencia con el trato que se da a los adultos mayores y a las personas con discapacidad.
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