Desde el ministerio reaccionaron a reportaje sobre profesional que trabaja desde 2020 en el gobierno. Recibe millonario sueldo.
Un reportaje de T13 reveló el insólito caso protagonizado por Claudia Soto, una funcionaria del Ministerio de las Culturas que también actúa como dirigenta vecinal de una toma. Eso sí, bajo el falso nombre de Gloria Bascuñán.
En concreto, la activista es integrante de la Mesa de Coordinadores de la Toma 17 de mayo, en la comuna de Cerro Navia.
De acuerdo a la investigación, la mujer entró al gobierno en 2020, bajo la administración del Presidente Sebastián Piñera. A la fecha, recibe un sueldo bruto de $2.263.466 por su trabajo en la subsecretaría de la cartera, donde se encuentra a cargo de coordinar el Área de Transformación Digital.
En medio del reportaje, “Gloria” fue consultada sobre Claudia Soto (su verdadera identidad), motivo por el que pidió que dejaran de grabar. “No tengo nada que ocultar. No le he robado a nadie y no soy corrupta”, se intentó defender.
Sin embargo, el fiscal Ezio Braghetto, de la Fiscalía Región Metropolitana Centro Norte, confirmó que esta situación podría constituit un eventual delito, motivo por el se iniciará una investigación.
“La participación de personas concurriendo a firmar un documento público, falsificando su identidad, ya nos lleva a aventurar algunas posibilidades de orden jurídico”, anunció.
Asimismo, indicó que “con la información que he recibido, voy a iniciar una investigación, entendiendo que podría configurarse una figura de orden penal”.
¿Qué dijo el gobierno?
A través de un comunicado, el Ministerio de las Culturas señaló que “la profesional en cuestión presta servicios a honorarios desde el año 2020 a la fecha en esta institución, a cargo del Área de Transformación Digital. Como entidad pública, nos tomamos muy en serio cualquier acusación que involucre a nuestros servidores públicos”.
“Hemos conversado con la profesional y nos encontramos recabando todos los antecedentes disponibles para analizar de manera imparcial y objetivo la situación planteada, y determinar los cursos de acción pertinentes”, añadieron.
Finalmente, señalaron que “la integridad y transparencias son valores fundamentales para nuestra institución, por eso todos nuestros funcionarios y funcionarias deben estar comprometido con el servicio público y con el respeto a la legalidad”.
“Respetamos la libre expresión y las actividades privadas de nuestros trabajadores, siempre que no contravengan la normativa que nos rige como institución pública”, concluyeron.
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