Según el ministro Carlos Montes, Rodrigo Hernández no se inhabilitó como debiese haberlo hecho en una firma que involucró a la Fundación Urbanismo Social.
A raíz de los traspasos de recursos hacia la Fundación Urbanismo Social, el gobierno ha solicitado la renuncia de Rodrigo Hernández, quien se desempeñaba como seremi de Vivienda del Maule.
Se trata de la tercera remoción que se concreta por el denominado caso Convenios, el cual involucra a una serie de fundaciones que lograron acuerdos millonarios en los últimos años.
La primera salida fue la de Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antogasta, a raíz de la polémica de la Fundación Democracia Viva. A eso se sumó la salida de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas.
Firmó una autorización teniendo inhabilidad
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, planteó que la decisión se tomó debido a que Hernández no aplicó su inahibilidad como debiese haber correspondido.
“Él firmó una autorización para que una entidad de Urbanismo Social, que apoyaba a la asistencia técnica de otros organismos, pudiera estar vigente. Él lo había solicitado anteriormente cuando trabajaba en Urbanismo Social”, dijo el ministro Montes. “Ahora, más de un año después, él volvió a firmar la autorización teniendo inhabilidad para hacerlo”, agregó.
El ahora exseremi es militante de Revolución Democrática fue presidente del partido en la región del Maule y previamente trabajó por siete años en la cuestionada fundación.
En tanto, Urbanismo Social cerró un contrato en diciembre de 2022 con la seremi del Maule por $89 millones. En paralelo, la fundación cerró un contrato superior a los $570 millones con la seremi de Antofagasta.
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