La iniciativa presenta dos aristas, una que sería la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, mientras que la actualizaría la norma a una “Evaluación Ambiental 2.0″.
El Gobierno presentó los proyectos de reformar Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Sistema Inteligente de Permisos) y la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente —”Evaluación Ambiental 2.0″—, los cuales harán frente a la “permisología”, es decir, al engorroso sistema de permisos que entorpece la inversión en el país.
“Para que todos nos hagamos una idea, en promedio los tiempos totales de tramitación sectorial si logramos aprobar este ambicioso proyecto de ley (de permisos sectoriales) se debieran reducir en más de un tercio, y especialmente para las empresas de menor tamaño que debieran reducir sus plazos para obtener los permisos a la mitad”, adelantó el Presidente Gabriel Boric, según consignó Emol.
El propio jefe de Estado también detalló que la iniciativa “incorpora medidas como plazos máximos, el uso del silencio administrativo, el exigir un examen de admisibilidad, simplificar el proceso para proyectos más pequeños de menor riesgo y la apertura de una ventanilla única”.
Además, Boric pidió al Congreso avanzar rápido en sus respectivas tramitaciones, por lo que “espero que no haya espacio para rencillas ni tampoco tiempo para dilaciones y que por lo tanto estos proyectos se transmiten con celeridad”.
Las reformas en detalle
El proyecto del “Sistema Inteligente de Permisos” busca simplificar y reducir el tiempo de los procesos de entrega de permisos por sector, al establecer plazos máximos en los trámites de admisibilidad, criterios de proporcionalidad en la tramitación que permitirán reemplazar autorizaciones y la creación de un órgano público que haga cumplir la norma.
En tanto, la iniciativa de Evaluación Ambiental 2.0 actualiza la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, a ya casi tres década de su promulgación, por lo que fortalecerá el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).
Se eliminarán dos instancias políticas como el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental, otorgándole un rol más técnico, mientras que las decisiones recaerían en el Servicio de Evaluación Ambiental; junto con ello, se crea una vía para que los inversionistas pueden mejorar los proyectos antes de que sea presentados al SEIA.
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